España ha registrado un notable aumento del 34% en la importación de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos durante los ocho primeros meses del año, un salto que ha llevado las compras hasta las 416.559 toneladas y ha elevado su valor hasta los 952,6 millones de euros. Este incremento consolida al reino magrebí como el mayor suministrador en valor del mercado español y como uno de los actores más determinantes en el suministro hortofrutícola al país.
Detrás de estas cifras se esconde una tendencia que se ha ido reforzando con el paso del tiempo. Sólo en los últimos cinco años, el volumen adquirido a Marruecos ha pasado de 385.058 toneladas en 2021 a las actuales 416.559, un crecimiento del 8%, mientras que el valor de esas mismas importaciones ha escalado un 58%, al pasar de 602 millones a casi 953 millones de euros. Se trata de un ascenso continuado que FEPEX considera muy significativo para entender el estado del sector.
El peso de Marruecos dentro del mercado español es ya difícil de ignorar: acapara el 26% del total del valor importado y se mantiene como el segundo proveedor en volumen. En conjunto, las compras españolas de frutas y vegetales frescos alcanzaron hasta agosto los 3.701 millones de euros, lo que supone un avance del 14%, y un 70% de ese valor procede de países extracomunitarios.
FEPEX atribuye esta escalada marroquí a unas condiciones de competencia que, según la federación, resultan injustas para los productores nacionales. La organización denuncia que las explotaciones del país vecino no deben ajustarse a las exigencias laborales, medioambientales y fitosanitarias que rigen en España o en el resto de la UE, lo que genera un desequilibrio claro en los costes y en la competitividad.
A esta situación se suma un nuevo elemento de preocupación: el acuerdo cerrado en octubre entre la Comisión Europea y Marruecos para ampliar beneficios arancelarios al Sahara. Su posible ratificación en el Parlamento Europeo ha encendido las alarmas del sector. FEPEX ya ha iniciado contactos con eurodiputados y con las comisiones de Comercio y Agricultura para advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendría esta medida sobre cultivos especialmente sensibles como el tomate comunitario y para intentar frenar su aprobación.
