España supera ya los 20.000 menores extranjeros no acompañados (menas) y jóvenes inmigrantes extutelados, una cifra que se ha disparado en los últimos cuatro años bajo los gobiernos de Pedro Sánchez. Según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, citados por Libertad Digital, a septiembre de 2025 había 20.116 extranjeros de entre 16 y 23 años con autorización de residencia en vigor, lo que supone un incremento del 155% respecto a 2021, cuando eran 7.878.
En términos absolutos, España cuenta hoy con 12.238 jóvenes inmigrantes solos más que hace cuatro años, con una edad media de 19 años, lo que confirma que el fenómeno no sólo afecta a menores, sino que se consolida en la franja adulta joven.
El perfil de este colectivo es abrumadoramente masculino. Sólo el 6% son mujeres, según reconoce el propio Ministerio dirigido por Elma Saiz, mientras que el 94% son varones, un dato que desmonta el relato humanitario y familiar con el que el Gobierno justifica sus políticas migratorias.
Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el principal país de origen, con 10.921 personas, lo que representa más de la mitad del total. Le siguen Gambia (2.567), Argelia (2.063), Senegal (1.680) y Mali (580). Aunque el peso porcentual de los marroquíes ha descendido –del 76% en 2021 al 54% en 2025–, siguen encabezando ampliamente la lista.
El informe revela además un cambio significativo en la distribución por edades. En junio de 2021, el 27% tenía entre 16 y 17 años; en septiembre de 2025 esa franja se reduce al 17%, pese a que el número absoluto de menores ha aumentado un 62,7%.
El crecimiento más explosivo se produce entre los 18 y 23 años, que pasan de 5.720 personas en 2021 a 16.606 en 2025, lo que supone un incremento del 190%. Es decir, el sistema no sólo acoge menores, sino que consolida una bolsa permanente de jóvenes inmigrantes cuya tutela y sostenimiento recae sobre el Estado.
El Ministerio destaca que el 97% de los menas de 16 y 17 años ya dispone de una autorización temporal de residencia y trabajo. Sin embargo, admite que la integración laboral efectiva es «compleja», ya que este derecho no siempre figura de forma expresa en la tarjeta de residencia, lo que dificulta su acceso real al empleo.
