España se ha convertido en el principal objetivo de las mafias de tráfico de inmigrantes, que han desviado sus rutas hacia la Península, Baleares, Ceuta, Melilla y, de manera abrumadora, Canarias, tras los estrictos controles impuestos por el gobierno de Giorgia Meloni en Italia. Según datos de FRONTEX, consultados por LA GACETA, entre abril de 2024 y abril de 2025, un total de 17.370 inmigrantes ilegales procedentes de 38 nacionalidades distintas llegaron a estas áreas del territorio nacional, evidenciando un cambio drástico en los flujos migratorios. Este fenómeno, que refleja la presión migratoria más diversa y descontrolada de los últimos años, ha disparado las alarmas por sus implicaciones en la seguridad nacional.
El desglose de nacionalidades revela una diversificación sin precedentes en la inmigración ilegal. Argelia encabeza la lista con 10.623 inmigrantes, seguida de Marruecos con 3.599. Sin embargo, la aparición de nuevas nacionalidades marca una tendencia preocupante. Por primera vez, se registraron 680 somalíes en las rutas hacia Península, Baleares, Ceuta y Melilla, un perfil que, según fuentes de la Policía Nacional consultadas por este medio, es considerado “altamente peligroso” en el contexto de la inmigración ilegal descontrolada. Asimismo, los inmigrantes de Bangladesh han experimentado un incremento del 37,14%, pasando de 35 en el periodo de marzo de 2023 a marzo de 2024 a 48 en el último año.
Otros incrementos significativos incluyen a Burkina Faso, con un aumento del 67,74% (de 62 a 104 inmigrantes), y Pakistán, que pasó de apenas 1 caso a 20, un crecimiento del 1900% en Península, Baleares, Ceuta y Melilla. También se detectaron por primera vez palestinos (14) y egipcios (14), mientras que los tunecinos crecieron de 6 a 10. Nacionalidades como Siria (243), Yemen (3), Chad (30), y Etiopía (2) completan un panorama, según expertos, evidencia la consolidación de nuevas rutas migratorias desde el norte de Argelia y Marruecos, en detrimento de las tradicionales que partían desde Libia y Túnez. Este mosaico de 38 nacionalidades, que incluye países tan diversos como Mali (882), Guinea (567), Gambia (49) o incluso Afganistán (2), pone de manifiesto la magnitud del desafío al que se enfrenta España.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reporta un aumento del 6% en las entradas ilegales a Península, Baleares, Ceuta y Melilla en comparación con datos del año pasado.
La diversificación de nacionalidades no solo refleja un cambio en las rutas, sino también la aparición de perfiles que generan preocupación en las autoridades. Inmigrantes procedentes de Somalia, Siria, Yemen y Burkina Faso, regiones marcadas por el auge del fundamentalismo islamista y conflictos armados, son señalados como un riesgo para la seguridad nacional. “La inmigración ilegal descontrolada, combinada con la llegada de personas de áreas en conflicto, plantea un desafío sin precedentes para España”, aseguran a este medio desde fuentes de la Policía Nacional. “La presencia de individuos de países como Siria, donde persisten tensiones geopolíticas, o Somalia, con una fuerte presencia de grupos yihadistas, incrementa la necesidad de controles exhaustivos”, sostienen.
El endurecimiento de las políticas migratorias en Italia ha forzado a las mafias a buscar alternativas. España, con fronteras más permeables y una ruta canaria en auge, se ha convertido en el nuevo objetivo. Este cambio de flujos migratorios, que antes partían mayoritariamente desde Libia y Túnez, ahora se concentra en el norte de Argelia y Marruecos, consolidando a España como la puerta de entrada preferida a Europa. La ruta canaria, en particular, se ha convertido en el epicentro de la inmigración ilegal en el continente, superando incluso a las rutas del Mediterráneo central en volumen de llegadas.
Con 38 nacionalidades detectadas y un aumento constante de llegadas, España enfrenta una crisis migratoria que requiere medidas urgentes. La diversificación de orígenes, el incremento de perfiles de riesgo y la presión sobre Canarias y los territorios peninsulares evidencian la necesidad de un enfoque integral para abordar la inmigración ilegal. Mientras las mafias continúan adaptándose, el país se encuentra en una encrucijada: reforzar sus fronteras, mejorar la cooperación internacional y abordar las causas estructurales de la inmigración ilegal, o arriesgarse a convertirse en el epicentro permanente de la inmigración descontrolada en Europa.
