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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Estrasburgo respalda al TC y frena las intenciones de Puigdemont

El Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) rechazó en dos ocasiones dictar medidas cautelares que permitieran la celebración del debate de investidura del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

El pasado 8 de febrero, el tribunal desestimó una petición formulada por un ciudadano catalán para tomar «medidas inmediatas» que suspendiesen la resolución dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 27 de enero, que impidió la celebración del pleno de investidura de Puigdemont en el Parlamento catalán.
El pasado 23 de febrero, el TEDH volvió a hacer lo mismo con otra demanda de un ciudadano particular. Los autores de las peticiones fueron identificados por las fuentes como Eulalia Camps Rosell y Daniel Rosés.
En ambos casos, Estrasburgo entendió que las peticiones no entraban dentro de los supuestos previstos en el artículo 39 del reglamento de la corte, que recoge las condiciones en que se puedan decretar medidas cautelares.
De acuerdo con esa regla, las medidas cautelares «sólo se aplican cuando hay riesgo de un daño irreparable», y por lo tanto se dictan únicamente «en situaciones limitadas».
«Los casos más habituales son aquellos en que se teme que haya amenazas sobre la vida (artículo 2 de la Convención Europea sobre Derecho Humanos) o malos tratos (artículo 3)», subrayaron las fuentes.
En relación con España, las medidas cautelares dictadas por el TEDH en los últimos años se han referido sobre todo a situaciones de desahucio en las que había menores afectados.
El pasado domingo 11 de marzo, fuentes jurídicas aseguraron a Efe que «por ahora» no se presentará ante el TEDH una petición de medidas cautelares para permitir la investidura del nuevo candidato a la presidencia del Gobierno de Cataluña, Jordi Sánchez.
La defensa del candidato secesionista optó en cambio por agotar la vía judicial en España y presentar un recurso en el Tribunal Supremo español.
Sánchez, elegido candidato por Junts per Catalunya, se encuentra en prisión preventiva y el juez del Supremo Pablo Llarena denegó su petición de salir de prisión para acudir al pleno de investidura el pasado lunes en el Parlamento catalán, por lo que su presidente, Roger Torrent, aplazó el pleno «sine die».
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