La Justicia sigue perdiendo dignidad bajo el mandato de Pedro Sánchez. La decisión del Gobierno de condecorar a José Luis Rodríguez Zapatero con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, máxima distinción judicial, ha provocado una reacción sin precedentes: varios exmagistrados han decidido renunciar públicamente a ese galardón en señal de protesta.
Antonio Salas Carceller, con 43 años de servicio en la Sala Civil del Supremo, y Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Supremo, han calificado la concesión a Zapatero como una «politización miserable» de un reconocimiento que debería premiar méritos jurídicos, no agendas ideológicas.
«Todo lo que tocáis lo adulteráis», ha denunciado Salas, lamentando que una distinción judicial se utilice ahora para premiar una ley de carácter ideológico, en alusión a la norma que legalizó el matrimonio homosexual durante el mandato de Zapatero.
Borrego, por su parte, ha calificado de «incoherente» y «desnaturalizadora» la decisión del Ejecutivo, al recordar que nunca se había instrumentalizado así la Orden, y que la condecoración al expresidente rompe con el sentido original del mérito judicial. Ambos han comunicado oficialmente la devolución de sus insignias. A ellos se sumarán próximamente el magistrado Raimundo Prado Bernabéu y Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo del fiscal Luis Portero, asesinado por ETA. Lo que antes era un símbolo de honor para la carrera judicial, hoy es una herramienta más al servicio del relato socialista.
