El miedo a la COVID-19 significará un antes y un después como sociedad en la cesión de derechos y libertades, como ocurrió tras el 11-S, aunque no será un punto de inflexión de la misma magnitud porque hoy el mundo es más «maduro» en cuanto a protección de datos, han asegurado a Efe varios expertos.
El profesor de Derecho de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) Eduard Blasi ha explicado que fue tras los atentados de 2001 cuando empezó el gran debate entre privacidad y seguridad que luego se ha perpetuado en nuestra sociedad, especialmente en Europa, y que ha derivado en mayor control a la gestión de datos.
Por ello, y aunque reconoce que durante un tiempo se tomarán decisiones derivadas de la alerta sanitaria que puedan significar nuevos tratamientos de información personal, ha destacado que estamos ya a casi veinte años del 2001 y tenemos un marco normativo y de protección de datos «más maduro» que entonces.
Entre otras medidas, tras el 11-S se establecieron restricciones de viaje por parte de varios países, principalmente EEUU, y las compañías aéreas y telefónicas se vieron obligadas a recopilar datos de pasajeros de todo tipo en pro de la lucha terrorista, unas medidas que Europa ha suavizado con su desarrollo de una estructura de protección de datos.
Con la pandemia de la COVID-19, que ha dejado ya centenares de miles de muertos, las autoridades sanitarias se plantean medidas de control de población a partir de datos médicos con el fin de realizar el desconfinamiento o controlar nuevos brotes, medidas que los expertos piden sean proporicionales y limitadas en el tiempo para que no salgamos del coronavirus con menos derechos y libertades.
«Se podrán poner en marcha medidas por el riesgo real e inminente que cuando la alarma sanitaria pase dejarán de ser necesarias y no tendrán justificación. Pasada la pandemia, el tratamiento de datos deberá ser inferior porque ya no se legitimarán», explica Blasi.
En la misma línea, Sonia Andolz, politóloga de la Universidad de Barcelona (UB), ha señalado que como tras los grandes atentados terroristas, con la COVID-19 se instala una percepción de inseguridad ciudadana que «nos hace ceder más fácilmente nuestros derechos individuales en pro del bien colectivo».
«Puede ser lógico, pero no es razonable. Una vez pase la crisis, y después de un tiempo de perspectiva y análisis, es cuando como sociedad tenemos que ver qué medidas se toman», ha añadido.
En ese sentido, la politóloga ve «peligros» en medidas como el llamado «pasaporte vírico o inmunitario», por el que se identifique a cada persona con su situación de salud y en función de ello se la categorice para poder circular libremente en el desconfinamiento, etc.
«Para un estado democrático una medida así significa un reto muy grande (…) Cualquier categorización de la población implica peligros sobre quién gestiona esos datos y para qué. Imagina que según nuestro carné vírico nos dejen o no entrar en un país, o nos cobren más o menos por nuestro seguro privado sanitario», ha reflexionado la politóloga de la UB.
«En el momento en que empiezas a marcar a cada persona con una circunstancia de salud y lo mezclas con la geolocalización estás haciendo mapas de ciudadanía y eso puede llevar a crear comunidades marginadas o estigmatizadas», ha añadido.
Así, para Andolz, y aunque ese tipo de medidas que restringen derechos puedan parecer «médicamente operativas» o incluso ayudar a desconfinar mejor, «no siempre las medidas científicas son las más acertadas».
«Las medidas se deben tomar desde una perspectiva interdisciplinar en las sociedades democráticas», afirma.
También «preocupado» por las medidas del desconfinamiento y su efectos en los derechos individuales se ha mostrado el profesor de Derecho de la UOC, por las iniciativas de control de propagación para evitar nuevos brotes que se puedan poner sobre la mesa.
«Crea muchos interrogantes jurídicos por ejemplo la mera toma de temperatura u otras constantes de salud que se plantean grandes empresas a sus empleados», ha apuntado.
«Está claro que hay un interés general, público, por erradicar la propagación del coronavirus, pero no se puede entender eso como una carta blanca para tratamientos extensivos de datos personales, para el control de población ni su geolocalización» trazable, ha añadido.
Al mismo tiempo, el experto ha señalado que será inevitable cierta «renuncia parcial y temporal» de algunos derechos en esta pandemia por el interés público.
«Tampoco podemos pensar que la protección de datos es un derecho absoluto que prevalece sobre todas las cosas. Después de todo, la protección de datos solo existe mientras estamos vivos, aunque hay que limitar esas restricciones individuales al tiempo al que exista todavía un peligro real y directo», ha concluido.
