'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
El fin de la preferencia comunitaria arruina al sector primario

Fanatismo climático: dependencia energética hoy, ¿crisis alimentaria mañana?

ManifeProtesta de agricultores. Europa Pressstación del mundo rural. Europa Press
Protesta de agricultores. Europa Press

¿A alguno de ustedes le ha preguntado el gobierno – de Zapatero, de Rajoy o de Sánchez – si estaba de acuerdo con poner fin al principio de preferencia comunitaria en la Política Agrícola Común? A mí no. Pero lo han hecho de facto. En realidad, populares y socialistas, sobre todo en campaña, se golpearán el pecho y rasgarán las vestiduras, y repetirán salmódicamente que la PAC no se toca. Pero luego, como vienen haciendo desde 1985, harán lo contrario. Han puesto fin al principio de preferencia comunitaria de nuestra producción agraria, ganadera o pesquera.

Cuentan con una legión de medios de comunicación sostenidos con fondos públicos que dedicarán páginas y páginas a justificar las omisiones y renuncias del gobierno, popular o socialista, de turno. Hace unas décadas fue lo de liberalizar el comercio mundial; ahora es lo del desarrollo sostenible y el respeto medioambiental. En el camino pierden nuestros productores.

Hay que dejar cosas muy claras. VOX apoya, ¡cómo no vamos a hacerlo si España con su Imperio forjó un mercado transoceánico!, los intercambios comerciales internacionales. Más aún, una de las principales fortalezas de nuestro sector primario es su vocación exportadora; algo que hay que promover, premiar y apoyar.

Sin embargo, no vamos a colaborar en la hipocresía de “liberalizar” el comercio con países donde se permite todo lo que se prohíbe hacer a nuestros agricultores. No vamos a participar en la criminalización – ejecutada por oenegés y artificiales foros internacionales – de la ganadería por las emisiones de metano.

El fanatismo climático no sólo ha provocado la dependencia energética de Europa sino que amenaza también con provocar una crisis alimentaria. Nuevas normas de “bienestar animal” que incrementarán los costes cuando no provoquen el cierre de determinadas explotaciones – las pequeñas y medianas -, reducción de pesticidas sin dar alternativas a los agricultores, drástica reducción de productos fitosanitarios autorizados que sí se utilizan en terceros países; por poner solo unos mínimos ejemplos.

¿A qué español le han preguntado si está conforme en que la Unión haya importado en los últimos tres años un 30% más de productos agroalimentarios procedentes de Marruecos? ¿O que las normas de etiquetado impidan de forma real y efectiva conocer la trazabilidad y origen de los productos que adquirimos en un supermercado? ¿O directamente, si queremos someter a nuestros agricultores y ganaderos a este régimen injusto que consiste en criminalizar su actividad y obligarles a actuar en un mercado cumpliendo reglas que no exigimos al extranjero?

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