El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso de derogar la Ley de Memoria Democrática si llega al Gobierno, calificándola como una norma que «atenta contra el espíritu de la Transición» y criticando los apoyos parlamentarios que la hicieron posible, especialmente la participación de Bildu. «Bildu no puede ser el notario que reescriba la Historia de España», declaró Feijoo en redes sociales, donde aseguró que el PP eliminará esta ley al considerarla impuesta por una minoría sobre la mayoría para sostener la coalición de Pedro Sánchez.
Sin embargo, este compromiso ha quedado en entredicho tras el voto de la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, también del PP, quien respaldó junto a la izquierda la decisión de no modificar la Ley de Memoria Democrática en el Parlamento balear con el único voto en contra de VOX.
Feijoo, quien durante la campaña electoral de julio prometió derogar esta ley si llegaba al poder, la ha descrito como un «disparate histórico» que busca dividir a los españoles y reescribir la historia reciente del país. Sin embargo, esta no es la única comunidad autónoma gobernada por los populares que se niega a reformar ninguna de las imposiciones del socialismo.
En 2022, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía rechazó la toma en consideración de la proposición de Ley de Reconciliación registrada por VOX en el Parlamento, un texto que, entre otras cuestiones, planteaba la derogación de la actual ley autonómica (de 2017), que impone «una verdad oficial e irrefutable de la que no se permite disentir».
En Castilla y León, con el anuncio de que VOX abandonaría los gobiernos por no garantizar que se frenaría la llegada masiva de menas, lo primero que hizo Mañueco fue enterrar el proyecto de ley de Concordia que había diseñado junto al partido de Abascal.
