Las modificaciones propuestas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la ley trans que se aplica en la región no son suficientes.
Así lo consideran las organizaciones feministas que han emitido un comunicado en el que explican que, aunque la rectificación del Ejecutivo popular incluye «cambios positivos», es necesario que también «se ponga fin» a los tratamientos experimentales con menores y se protejan los espacios seguros de las mujeres.
El pasado 22 de diciembre, la Asamblea de Madrid votó la modificación de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
Desde las organizaciones de mujeres se han felicitado por la reforma en cuanto a los cambios que afectan al sistema educativo o a la defensa de las categorías deportivas femeninas. «No menos importante nos parece la apuesta por poner freno a la propaganda y difusión de contenidos educativos que fomentan la confusión entre la infancia», detallan en la nota que han hecho llegar a los medios de comunicación.
Sin embargo, las feministas consideran que la propuesta de modificación de la ley trans de la Comunidad de Madrid es «insuficiente». «Resulta inaceptable que no sean eliminados los tratamientos hormonales de bloqueo de la pubertad para menores y los tratamientos con hormonas cruzadas en la pubertad, prácticas ya desechadas por experimentales y dañinas en los países pioneros en la implantación de estas leyes», explican.
Aunque la propuesta de modificación corrige la vigente ley autonómica de 2016 e introduce el requisito de que los menores reciban apoyo de profesionales de salud antes de iniciar los tratamientos farmacológicos, con consecuencias a veces irreversibles, la reforma sigue permitiendo que se utilicen bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas para los menores con disforia de género. «Es contrario al principio de prudencia. Que los malestares de género no cursan con transexualidad es un hecho suficientemente analizado por diferentes áreas de conocimiento y sobradamente explicado», insisten en el texto.
Estas organizaciones se muestran contrarias a la dispensa de estos fármacos a menores y recuerdan que su uso ya ha sido cuestionado por numerosas investigaciones que califican esas prácticas como experimentales. Por este motivo, países como Reino Unido, Finlandia, Dinamarca, Noruega o Suecia han limitado el uso de bloqueadores para estos menores y en su lugar han priorizado el acompañamiento psicológico.
Por todo ello, exigen la «paralización de estos tratamientos» y argumentan que se están utilizando para «acometer lo que en muchas ocasiones son malestares asociados a la pubertad o simples manifestaciones de orientaciones sexuales no normativas (que deben ser protegidas, pero no medicadas)». Y lamentan que el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso no haya sido más contundente a la hora de frenar estas prácticas con menores.
Unidades de Atención para destransicionadores
En ese mismo comunicado, que firman Alianza contra el borrado de las mujeres, Docentes Feministas por la Coeducación, Femes, el Forum Feminista de Madrid y la Agrupación Amanda, exigen la creación de Unidades de Atención para las personas que destransicionan —que quieren revertir sus procesos de cambio de sexo—. «Quienes destransicionan merecen el mismo nivel de atención sanitaria que recibieron cuando se identificaron como trans e iniciaron la transición médica, pero quedan hoy en el más absoluto desamparo», argumentan.
La reforma no protege los espacios de seguridad de las mujeres
En otro punto del texto, señalan que la reforma de la ley trans aprobada por el PP en la región no protege los espacios de seguridad de niñas y mujeres, ya que permite el acceso de «varones transidentificados» a residencias para mayores, salas hospitalarias y vestuarios, entre otros.
Y en este punto, animan a todas las Comunidades Autónomas que legislaron en esta materia a «revisar y reformar sus leyes y modificarlas» para que sus actuaciones en esta materia se ajusten al respeto a los derechos de la infancia.
