La tensión crece en la Carrera Fiscal ante la inminente huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra la llamada «ley Bolaños». Dos de las principales asociaciones —la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han denunciado maniobras disuasorias desde la propia Fiscalía General del Estado, así como presiones y advertencias que interpretan como amenazas veladas contra el ejercicio del derecho de huelga.
Los fiscales temen represalias disciplinarias, «listas negras» e incluso consecuencias penales, después de que distintos fiscales jefes territoriales hayan comenzado a enviar comunicaciones advirtiendo a sus subordinados de su «responsabilidad individual» si los paros provocan perjuicios a los ciudadanos. Uno de estos avisos lo firmó la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez —coprocesada con el fiscal general Álvaro García Ortiz en el Supremo—, en un comunicado interno al que ha tenido acceso El Debate.
Rodríguez instó a su plantilla a informar de cualquier «incidencia» durante los días de huelga, una actitud que las asociaciones convocantes consideran una vulneración clara del derecho fundamental de huelga. Han recurrido directamente ante el propio García Ortiz, a quien acusan de «cercenar» ese derecho que él mismo defendía cuando presidía la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Los convocantes advierten: si se sanciona a quienes secunden la protesta, podría derivarse incluso «responsabilidad penal» para los superiores jerárquicos, en base a los artículos 315 y 542 del Código Penal, además de posibles delitos de prevaricación.
Servicios mínimos garantizados
Pese al conflicto abierto con la Fiscalía General del Estado, los convocantes de la huelga han diseñado un sistema de servicios mínimos esenciales ante la pasividad tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la propia Fiscalía, que no han establecido una regulación concreta al respecto.
Durante los tres días de huelga, los fiscales garantizarán la atención a detenidos, medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, registros domiciliarios, conservación de datos de operadores telefónicos y otras actuaciones esenciales. Quedan fuera de los servicios mínimos los juicios inmediatos por delitos leves o rápidos sin detenido.
En el orden penal se cubrirán actuaciones en causas con presos y medidas cautelares. En lo contencioso-administrativo, social y mercantil, sólo se atenderán aquellas que impliquen medidas cautelarísimas. En jurisdicción de menores, solo se atenderán medidas cautelares.
En asuntos de familia y civil se respetarán los procedimientos que afecten a menores, personas con discapacidad, internamientos involuntarios, sustracción de menores, donaciones de órganos y lanzamientos por vulnerabilidad.
En «violencia de género» se atenderán todas las órdenes de protección, causas con detenido, menores y personas con discapacidad. En vigilancia penitenciaria se resolverán todas las cuestiones que afecten a derechos fundamentales de internos.
Por su parte, los Juzgados Decanos se encargarán del reparto urgente de asuntos y del mantenimiento del servicio de guardia.
Con este dispositivo, los fiscales aseguran que podrán ejercer su derecho de huelga sin desproteger a los ciudadanos. Reivindican una protesta legítima frente a lo que consideran una deriva política que pone en riesgo la independencia del Ministerio Fiscal y el equilibrio de poderes del Estado.
