El Colectivo de Víctimas del Terrorismo critica al Gobierno de Mariano Rajoy por no impedir la campaña de descrédito al Estado de derecho.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha mantenido este martes en París una reunión en el Ministerio de Justicia francés para abordar las últimas informaciones que apuntan a un posible traslado de presos de la banda terrorista de ultraizquierda ETA.
Tras el encuentro, mantenido con la magistrada Helene Davo, las víctimas han cargado contra los mediadores de los presos etarras y contra el Gobierno vasco por orquestar y dar pábulo a una «campaña de confusión para presionar y lograr cambios en política penitenciaria».
Tal y como ha confirmado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, Francia no está negociando con los mediadores porque, como aseguran desde el Ministerio, “no hay nada que negociar”.
En esta línea, a los presos de ETA en el país galo se les va a aplicar el derecho común, que establece que se atenderán las solicitudes de forma individualizada y se podrían aplicar a quienes les queden menos de tres años de cumplimiento de pena, quienes cumplan requisitos de seguridad y quienes tengan buen comportamiento en prisión. La organización de víctimas ha confirmado que no se tomará ninguna medida colectiva que afecte al conjunto de los presos.
Covite ha celebrado las líneas rojas marcadas por el Ministerio de Justicia francés, que asegura que no se concederán traslados a presos con delitos de sangre ni a aquellos con condenas o causas pendientes en España.
Tras la reunión, Consuelo Ordóñez ha criticado a la delegación nombrada por los presos de ETA para entablar contacto con el Gobierno francés y al propio Ejecutivo de Íñigo Urkullu por “orquestar una campaña de falsedades y mandar mensajes interesados sobre supuestos cambios en política penitenciaria sabiendo que son inexistentes”.
El único cambio, ha señalado Covite, es «la actitud de los etarras, que han decidido someterse a la legislación francesa«. Además, el colectivo ha culpado al Gobierno de Mariano Rajoy de permitir que “se juegue con la ley y se ponga en entredicho el Estado de derecho”.
“Es totalmente ilógico que una organización de víctimas tenga que desmontar una campaña de mentiras favorables a terroristas presos ante la pasividad total del Ejecutivo español”, ha lamentado.
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