Glovo ha informado este lunes de un nuevo modelo en España que le permitirá operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, señalando que su decisión es parte de su «firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país».
El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación.
En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales «para dotar de todas las garantías al proceso» y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con «consenso». Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector «para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados».
La decisión se ha hecho pública el día antes de que el consejero delegado de la empresa, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción en el proceso penal iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
El proceso penal, que se encuentra en fase de instrucción, surge de una denuncia presentada por el ministerio público, que acusa a la empresa de la comisión de delitos relacionados con los derechos de los trabajadores, incluyendo posibles fraudes en la contratación basándose en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En la denuncia, el ministerio fiscal acusaba a la compañía de menoscabar y suprimir los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos y pedía citar a Pierre para tomarle declaración como investigado.
