El secretario de Estado ha indicado que cinco meses es un tiempo «escaso» para darle la vuelta a la situación, pero la estabilidad y la seguridad jurídica que ha proporcionado el 155 empieza a marcar unas tendencias «alentadoras» para Cataluña.
El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado hoy que el Gobierno ha cumplido el mandato del Senado con la aplicación del artículo 155 y ha defendido la Constitución y el Estado y lo volverá a hacer «si es necesario», ha advertido.
Durante su comparecencia ante la Comisión del Senado creada ‘ad hoc’ para la aplicación de este artículo, Bermúdez de Castro ha aportado «datos y argumentos» para demostrar que el Gobierno ha conseguido los objetivos establecidos por el mandato de la Cámara alta.
Por eso, ha asegurado que, tras cinco meses después de la aplicación del 155, se puede concluir que la decisión «fue acertada y proporcional» a la crisis provocada por el secesionismo y el Estado de derecho ha salido «fortalecido».
Según ha explicado, desde la aplicación del 155 el pasado mes de octubre, en los 21 Consejos de Ministros celebrados se han aprobado 181 acuerdos relativos a Cataluña, en las que se han habilitado pagos por 8.000 millones de euros, de los que más de 2.000 fueron a proveedores y 1.100 a entidades locales, aparte de la convocatoria de plazas para profesores, entre otras.
Además, ha dado por «desmantelada» la estructura de Estado que quiso construir el depuesto Gobierno, con la disolución de los órganos creados para la independencia, y está «casi culminada» la liquidación de las delegaciones en el exterior, mientras que el Diplocat, Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, también lo estará «en breve».
Así, ha concluido que la Administración catalana «ha recibido un impulso» y se ha rebajado la tensión, además de que Cataluña ha resistido el «espectáculo» dado por las fuerzas independentistas gracias a la «estabilidad» aportada por la gestión del Gobierno central.
En este sentido, ha advertido de que los partidos secesionistas «no pueden volver al punto de partida» porque «sus engaños están al descubierto», y los intereses particulares y «el confort y bienestar» del expresidente catalán «y su corte» no se pueden mantener a costa del futuro de Cataluña.
Bermúdez de Castro ha reiterado que el próximo Gobierno catalán «debe acatar la legalidad constitucional y la legalidad estatutaria» y defenderla, así como avanzar en la estabilidad y la seguridad «fraguada en estos meses» de aplicación del artículo 155.
«En definitiva, un gobierno que cumpla con su obligación, el Gobierno de la nación lo ha hecho, ha cumplido con su obligación y no tengan ninguna duda que lo va a seguir haciendo mientras sea necesario», ha insistido, ya que si el nuevo Govern no respeta la Constitución y el Estatuto, el Ejecutivo español «estará ahí».
El único requisito para el fin del 155
Las medidas aplicadas por el Gobierno en Cataluña al amparo del artículo 155 sólo se suspenderán cuando los consejeros del Govern que forme un nuevo presidente de la Generalitat hayan tomado posesión de sus cargos tras la preceptiva publicación de sus nombramientos.
Así lo han explicado fuentes gubernamentales, quienes han recordado que al acuerdo que aprobó el Senado para activar el artículo 155 establece que sus preceptos dejarán de estar en vigor en cuanto se forme un nuevo Govern en Cataluña, es decir, que la suspensión se haría de forma automática, sin paso intermedio alguno.
Esta es la secuencia teórica que debería seguirse en caso de una elección exitosa de un candidato a la Generalitat por parte del Parlament, pero la propuesta de Jordi Turull, pendiente de ser procesado por el Tribunal Supremo, genera dudas sobre su viabilidad, defendida por los independentistas y rechazada por el Gobierno.
El acuerdo que aprobó el Consejo de Ministros tras recurrir al artículo 155 de la Constitución, ratificado por el Senado el 27 de octubre, especifica la vigencia de su aplicación en Cataluña.
«Las medidas contenidas en este acuerdo -reza ese texto- se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlamento de Cataluña».
De esta manera, para dejarlas sin efecto es imprescindible no sólo que haya tomado posesión el nuevo presidente de la Generalitat, sino que lo haya hecho también el conjunto de los consellers de su Ejecutivo.
