Un punto violeta es, según el Ministerio de Igualdad, un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad «para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender,
de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres».
Viendo la importancia que da Igualdad en su web a los puntos violeta, con todo un apartado dedicado a ellos, y la cantidad de información que brinda, sería lógico pensar que controla al dedillo su implantación. Sin embargo, no es así. En una respuesta a una consulta hecha a transparencia a la que ha accedido LA GACETA, Igualdad reconoce no tener ni idea del número de puntos violeta que se instalaron en 2023.
En su contestación, el departamento de Ana Redondo, reconoce abiertamente que no «se recogen datos sobre el número de Puntos Violeta que se establecen en España ni sobre las actuaciones que lleva a cabo cada uno». Esto se debería, según explican, a que «la mayor parte de los Puntos Violeta son de carácter temporal (para festivales, eventos, fiestas municipales…)». Y son las empresas o ayuntamientos organizadores quienes colocan el punto violeta, lo gestionan y corren con los gastos. El Ministerio no interviene para nada en su instalación.
Aunque la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género —responsable última de los puntos violeta— no ayuda económicamente a financiarlos, sí les dice a quienes los instalan qué requisitos mínimos debe cumplir. Lo más importante para Igualdad, así lo dice en su web, es que estos puntos cuenten con tres elementos. Serían las guías para actuar frente a la Violencia Machista, materiales como carteles y adhesivos con un código QR y distintivos para las voluntarias. En concreto «para identificar a personas implicadas en la lucha contra la violencia machista».
En la resolución de Transparencia, también se aportan detalles sobre los costes. Literalmente se afirma que «la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género no dispone de datos sobre lo que cobran las trabajadoras de los Puntos Violeta. Además, en muchos casos se trata de personas voluntarias que no reciben una remuneración». No sólo es que Igualdad no pague sus servicios. Es que abiertamente publican que no saben a cuánto ascienden los honorarios de las trabajadoras.
Sobre el coste de la guía especial de punto violeta, «esta fue elaborada por la entonces Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, y el coste de su diseño y maquetación ascendió a
3.573,80 euros», dicen.
No se aporta ninguna información desglosada por comunidades ni provincias, información que se pedía también a Transparencia. Teniendo en cuenta la respuesta, se puede concluir, que pese a que Igualdad los promocionó activamente mientras Irene Montero era ministra, los puntos violeta no realizan realmente ningún servicio a la sociedad ni importan demasiado al actual equipo ministerial, que no recoge ni analiza un solo dato sobre ellos.
Ahora mismo, de hecho, lo único que hace el Ministerio de Redondo es entregar gratuitamente la guía para imprimir en español, catalán, vasco, gallego, valenciano, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y árabe. Tampoco es necesario ningún requisito para solicitar la instalación de uno de estos puntos por parte de una empresa u organismo, ni siquiera rellenar ningún documento. Por ello, tampoco hay forma de garantizar que un punto violeta cuente con ninguna característica especial para ofrecer algún tipo de protección o seguridad a las posibles víctimas.
