El Instituto de las Mujeres ha elaborado una guía de buenas prácticas para la inclusión de la «perspectiva de género» en los contratos con la administración pública. En dicha guía se recomienda incluir en los pliegos de contratación, convocatorias de subvenciones o convenios cláusulas con condiciones para valorar a empresas que tengan en cuenta, entre otros, el diseño y aplicación de un lenguaje inclusivo y de protocolos para prevenir el acoso sexual o por razón de sexo.
La guía incluye sugerencias a la hora de incluir estas cláusulas de género como el hecho de que las empresas faciliten la inserción laboral de mujeres en situación de exclusión social o víctimas de violencia de género; generar condiciones laborales de igualdad entre hombres y mujeres en las empresas que ejecutan contratos públicos y promover el acceso al empleo de las mujeres, y la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.
Asimismo, recomienda introducir cláusulas para garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres, promover la sensibilización y la formación interna en materia de igualdad en las empresas contratistas e incorporar en la prestación contractual acciones de prevención de riesgos y salud laborales con perspectiva de género y adaptadas a las características diferenciadas de sexo.
También se plantea, como otro posible requisito a la hora de contratar con la Administración, que se garantice que al menos el 50% de las personas beneficiarias sean mujeres y se soliciten datos desagregados por sexo, así como evaluar la prestación con perspectiva de género.
Otra de las sugerencias es el requisito de establecer y aplicar medidas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar para la plantilla que ejecute el contrato o para las personas usuarias o beneficiarias.
El documento se dirige a la totalidad de las Administraciones Públicas, especialmente a los organismos y corporaciones más pequeños, así como a todo tipo de entidades, profesionales de distintas ramas y a la ciudadanía en general.
El Instituto de las Mujeres considera que los contenidos y temas tratados en la guía contribuirán a la formación, apoyo y sensibilización de las personas implicadas en los órganos de contratación, proporcionándoles una «herramienta útil que tiene en cuenta la inclusión de la perspectiva de género en las principales fases procedimentales de una licitación«.
Para el Instituto de las Mujeres, la incorporación de estas cláusulas en la contratación pública «serán decisivas en la reducción de las desigualdades sociales y de género».
