Los contratos investigados en otras causas podrían haber servido para la financiación irregular de las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007 del PSPV y del Bloc.
La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha imputado al antiguo subsecretario del Ministerio de Vivienda Marcos Vaquer y a Nicolás Mateos, que fue jefe de Gabinete de la ministra socialista Beatriz Corredor, por un contrato de publicidad que pudo financiar irregularmente al PSPV y al Bloc.
La juez María de las Mercedes Pérez ha tomado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que constata «irregularidades» en la adjudicación de un contrato de publicidad institucional del Plan Vivienda 2009-2012 por 126.208 euros a la empresa Crespo Gomar por el Ministerio en 2009.
A ambos les imputa los delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos y les emplaza para el próximo 21 de mayo.
Se trata de la segunda vez que un juez de Madrid imputa a antiguos altos cargos de un ministerio socialista en el marco de la investigación de la adjudicación de diferentes contratos que pudieron servir para la financiación irregular de las campañas electorales del PSPV en 2007.
En otro juzgado de la capital están imputadas dos ex altos cargos del exministro de Sanidad Bernat Soria: Etelvina Andreu, antigua directora general de Consumo, y Consuelo Sánchez Naranjo, exsubsecretaria de Sanidad y Consumo, citadas también el día 21 por otro contrato de publicidad de 2008.
En relación al contrato del Plan Vivienda de 2009, la juez María de las Mercedes Pérez señala en su auto que Vaquer fue quien firmó el contrato y el certificado de conformidad con la factura, y que Mateos «redactó o firmó» el pliego de prescripciones técnicas para la campaña de publicidad y «la declaración de urgencia» del procedimiento.
La juez cita también como investigadas el día 21 a Eva M., que también firmó el pliego de prescripciones técnicas, y a Irene D., una abogada del Estado que fue vocal de la Mesa de Contratación.
Y emplaza para el 30 de mayo a otros cuatro imputados: Eva S. que realizó la valoración técnica del proyecto junto a Beatriz T. (también imputada pero a quien aún no ha llamado a declarar); Pedro P., Rita L. y Andres L., quienes también asistieron a varias juntas de la Mesa.
Ese día también deberá comparecer en calidad de perito al interventor general del Estado que constató en un informe sobre este y otros contratos investigados en otras causas irregularidades en la «práctica totalidad» de expedientes de contratación analizados.
La juez ha tomado este viernes declaración a tres funcionarios que también formaban parte de la Mesa de Contratación, quienes han defendido la legalidad del mismo, han negado irregularidades sustanciales en el mismo y las han achacado, en su caso, a fallos de corrección, según han informado fuentes jurídicas.
Además, han precisado que la Mesa se limitó a realizar un informe favorable a la adjudicación del contrato a Crespo Gomar y que quien lo adjudicó fue el órgano de contratación.
La investigación comenzó en un juzgado de Valencia, que apreció indicios de que esos contratos podrían haber servido para financiar campañas del PSPV y el Bloc, y que posteriormente se inhibió a favor de Madrid, Benidorm y Gandía al considerar que los hechos se produjeron en las citadas ciudades.
Además de los contratos de Vivienda y Sanidad, se investigan otros adjudicados a empresas del mismo grupo de comunicación desde los consistorios de Gandía y Benidorm bajo gobiernos socialistas y con el Ministerio de Medio Ambiente -en la época en la que lo dirigía Cristina Narbona- a través de las empresas públicas Acuamed y Aguas del Júcar.
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