«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
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VARAPALO DEL TRIBUNAL SUPREMO A LA MINISTRA Y A LA ABOGACÍA DEL ESTADO

Irene Montero usó a la Abogacía del Estado para defenderse en el caso del marido de María Sevilla

Irene Montero en una imagen de archivo en Zaragoza.
Irene Montero en una imagen de archivo en Zaragoza.

El Tribunal Supremo ha reprendido a la Abogacía del Estado por interceder en defensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, «con una petición que no está amparada en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil». Según TheObjective, El órgano administrativo recurrió ante el Tribunal Constitucional para intentar evitar que la ministra de Igualdad en funciones tuviese que pagar 18.000 euros a Rafael Marcos, el exmarido de María Sevilla, —la expresidenta de Infancia Libre condenada por sustracción de menores por hacer desaparecer a su hijo en 2017 y no entregarlo a su padre por orden judicial—, por vulnerar su derecho al honor y al que Montero llamó maltratador sin pruebas.

Según consta en la sentencia, la Abogacía del Estado —en representación de Montero— pidió al Supremo que suspendiera la ejecución de la sentencia toda vez que había presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo. La Fiscalía, por su parte, solicitó que se dictara el auto de ejecución de sentencia. El Alto Tribunal consideró, sin embargo, que la petición de la Abogacía en favor de Montero no estaba amparada «en ningún precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil».

Además, el Supremo también ordenaba este miércoles a Montero abonar 5.400 euros en concepto de intereses de demora y costas procesales a Marcos, después de que Montero pagara los 18.000 euros de indemnización que fijó el tribunal por presentarlo como un «maltratador».

La titular de Igualdad abonó 18.000 euros de importe después de que se diera a conocer que la defensa de Marcos había presentado ante el Alto Tribunal una demanda de ejecución de sentencia para reclamar a Montero que cumpliese con la condena

Ahora, el Supremo exige a la ministra que haga frente al pago de los intereses y las costas procesales. Además, le ha dado un plazo de 20 días para que publique en su cuenta de Twitter el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

El tribunal ha fijado el mismo plazo para que la ministra en funciones elimine el tuit que publicó el 25 de mayo de 2022 en el que compartió el vídeo del discurso en que realizaron las «declaraciones lesivas» contra Marcos.

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