El exjefe de Policía de Galapagar Juan Manuel G.M ha relatado este miércoles en el juicio que el cuerpo realizó la inspección de una supuesta macrofiesta ilegal en Nochevieja de 2012, como precaución ante un posible ‘Madrid Arena’, después de que una madre le informase de dicha celebración.
La Audiencia de Madrid ha juzgado a Juan Manuel G.M. para el que la Fiscalía pide seis años de cárcel, una multa de casi 6.500 euros y la inhabilitación para ejercer cargo público durante cuatro años por un delito continuado de coacciones y otro de falsedad documental supuestamente cometido en 2012.
Para José V.P., el jefe de servicio que estuvo al frente del mando policial, bajo las ordenes del jefe de Policía, la Fiscalía también pide, por el delito de falsedad documental, cuatro años de prisión y la misma multa e inhabilitación para ser agente.
En el juicio, el que fuera jefe policial ha señalado que le negativa por parte de algunos agentes de firmar las actas de inspección y denuncia que realizó el jefe de servicio, José V.P., aquella noche en la finca, supuso una «desobediencia e insubordinación colectiva» por lo que poco después «su obligación» fue incoarles un expediente disciplinario.
Según el relato del fiscal, ese mando policial redactó un acta de inspección y un acta de denuncia en la que «hizo constar hechos, a sabiendas de no ser concordantes con la realidad», tales como que la finca tenía un nombre comercial o que había menores consumiendo alcohol.
Sin embargo, en el juicio, José P.V. ha explicado que cuando realizó una primera inspección observó a jóvenes, menores de edad, de Galapagar que reconocía por su presencia en los institutos, y ante esto pidió a sus agentes, que estaban en la entrada de la finca, que «filiasen a algún menor que estuviese bebiendo alcohol».
Ese fue el motivo, ha apuntado, por el que en las actas de inspección y denuncia el agente apuntó la ingesta de alcohol de menores en la fiesta, entre otros detalles, y que entregó al dueño de la finca en un primer momento.
Poco después, no obstante, tras regresar a dependencias policiales y tras cerciorarse de que los agentes no habían filiado a ningún menor a la entrada de la fiesta, el jefe de servicio avisó al dueño y regresó a la finca para entregarle otras actas de inspección y de denuncia en las que ya no aparecía la ingesta de alcohol de menores en la supuesta macrofiesta.
Por su parte, los agentes de policía de municipal han justificado su negativa a firmar dichas actas porque «no sé correspondían con la realidad».
Así, han relatado que, según pudieron observar, en la supuesta macrofiesta no se congregaron más de 80 personas, no había porteros de seguridad, no se había pagado entrada para asistir, no había un DJ profesional, camareros o una gran carpa como así constaba en las actas que había redactado José P.V, sino que se trataba de una fiesta entre amigos.
Tras regresar a las dependencias de la jefatura de Policía Local, los agentes han indicado ante la sala que recibieron una llamada de su superior, Juan Manuel G.M., que, con un tono agresivo, les obligaba a firmar las actas «sí o sí» si no querían sufrir «las posibles consecuencias que podría conllevar su conducta».
Dos de los tres agentes se mantuvieron en su negativa, mientras que el tercero accedió a firmar las últimas actas modificadas ante la amenaza de su jefe de impedir su permiso de permuta a Cádiz que se estaba tramitando hacía unos meses.
Además, los agentes han relatado que pocos días después del suceso, el ex jefe de Policía les cito a declarar en dependencias policiales «como testigos o sí el quería como imputados» por un presunto de delito de falsedad de documento publico.
Un atestado que amenazó con mandar a los juzgados y con el que «sus familias lo iban a pasar muy mal».
En el juicio también ha declarado el dueño de la finca, J.B, que ha apuntado que en ningún momento se trató de una «macrofiesta», sino de una fiesta que habían organizado sus hijos con distintos a amigos, pero que el agente que entró a la vivienda «se cerró en banda diciendo que era una fiesta pública».
