La asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil, ha denunciado que se está ejecutando un proceso progresivo de reducción de efectivos y competencias del Instituto Armado en Cataluña, una estrategia que, a su juicio, responde a decisiones políticas y que podría desembocar en una pérdida significativa de presencia operativa en la comunidad.
Según expone la organización, este repliegue no es puntual, sino que se manifiesta a través de distintos movimientos que afectan a unidades clave. Entre ellos, destaca el cierre prolongado del servicio del SEPRONA en Puigcerdà, que lleva meses sin actividad ni previsión de cobertura de vacantes, pese a las demandas de la comarca de la Cerdanya y a la aprobación de iniciativas institucionales que reclamaban su continuidad.
En paralelo, Jucil advierte de que también se prevé la desaparición del grupo especializado en desactivación de explosivos (GEDEX) en Tarragona. Este ajuste se enmarca, según la asociación, en un proceso general de reorganización a nivel estatal que, en la práctica, obligaría a los agentes a cambiar de destino o especialidad y reduciría la capacidad de respuesta ante incidentes de alta complejidad en la zona.
Uno de los puntos más críticos señalados por la asociación es la reestructuración del servicio marítimo en la Costa Brava. En concreto, denuncia la intención de cerrar la base de L’Estartit (Girona), integrando sus efectivos en otras unidades ubicadas en Barcelona y Madrid. Esta medida, presentada oficialmente como una reorganización operativa, implicaría en realidad una reducción notable de plantilla.
De acuerdo con los cálculos de Jucil, la suma de efectivos entre L’Estartit y Barcelona debería situarse en torno a 16 agentes, pero el plan contemplaría dejar la dotación en apenas 11, lo que supondría una disminución cercana a un tercio del personal en Cataluña dentro de esta especialidad.
La asociación también alerta de prácticas administrativas que, en su opinión, estarían contribuyendo a acelerar este proceso. Denuncia que incidencias burocráticas menores, como retrasos en trámites o problemas técnicos con documentación, se estarían utilizando para forzar la salida de agentes hacia destinos de reserva dentro del Servicio Marítimo, reduciendo así la presencia en puestos activos.
En el plano político, Jucil vincula esta situación a acuerdos entre el Gobierno central y la Generalitat. En particular, señala al presidente catalán, Salvador Illa, al que atribuye haber pactado con Esquerra Republicana de Catalunya la cesión de competencias en materia de seguridad en puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra a cambio de apoyos parlamentarios.
Desde la organización insisten en que este conjunto de decisiones no responde a criterios técnicos ni operativos, sino a concesiones políticas que, en su opinión, perjudican tanto a los agentes como a la seguridad en el territorio. Por ello, anuncian que recurrirán a todas las vías legales disponibles y exigirán la reposición de efectivos y la cobertura de las plazas vacantes para garantizar la continuidad del servicio en Cataluña.
