Junts sigue intentando forzar la vuelta a Cataluña de las empresas que abandonaron la comunidad en 2017 ahuyentadas por la situación de inestabilidad general provocada por la declaración unilateral de independencia.
En el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez los separatistas ya anunciaron que era uno de sus objetivos. Y el portavoz de Junts, Josep Rius, afirmó en enero que su partido contemplaba que las empresas que trasladaron su sede de la región por el golpe separatista pudiesen «ser sancionadas» si no vuelven.
Ahora la formación quiere aprovechar el trámite de enmiendas del proyecto de ley de medidas urgentes para impulsar un cambio legal que pondría contra la espada y la pared no sólo a las empresas que movieron su sede social en esos días sino también a sus administradores.
En concreto, Junts quiere modificar la Ley de Sociedades de Capital para «reforzar la vinculación de la sede de las sociedades a la comunidad autónoma en que tienen sus intereses principales, agravar la penalización cuando exista una discordancia entre el domicilio declarado y el que correspondería según la ley y facilitar la impugnación de los acuerdos que sitúen la sede de las compañías en lugar que no les correspondan según los principios que establece la ley», según detalla Abc.
Lo que plantea la formación de Carles Puigdemont es que la posible discordancia entre la sede social declarada en el Registro Mercantil y la que correspondería por ley «pueda ser considerada contraria al orden público societario por el órgano judicial competente». Esto permitiría anular los acuerdos sociales de cambio de sede y considerar dicha infracción como grave, con potenciales consecuencias para los responsables de la decisión sobre la ubicación de la sede.
