José Luis Ábalos declaraba la semana pasada tras saltar a los medios el Caso Koldo, que ya no mantenía apenas relación con el que había sido su amigo, asesor y mano derecha en su época en el Ministerio de Transportes. Pero lo cierto es que la relación fue cercana hasta hace muy poco, como han demostrado varias informaciones en los últimos días. Algo lógico si se tiene en cuenta el nivel de confianza que existía entre ambos: según desvela El Español, Koldo García Izaguirre, por haber cobrado presuntas comisiones irregulares de los contratos de venta de mascarillas durante la pandemia, usaba el despacho de Ábalos para recibir contratistas cuando el ministro estaba ausente
Koldo, según la misma publicación, se reunía con empresarios usando salas anexas al despacho del entonces ministro, e incluso aprovechaba sus ausencias para realizar los encuentros en la propia oficina de Ábalos. Además, las fuentes consultadas insisten en que la influencia de Koldo sobre el ministro y en el departamento ministerial era mucho mayor que la de el del jefe de gabinete.
También este jueves se hacía público que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura que «las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento» constituyeron «un eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión», la empresa vinculada a Koldo.
Así se desprende de un informe que los investigadores elaboraron en septiembre de 2022 a raíz del análisis de la documentación que le entregó la Fiscalía Anticorrupción sobre la citada empresa. La UCO llegó a esta conclusión después de haber analizado una serie de contratos que fueron «tramitados por el procedimiento de negociado sin publicidad con tramitación de emergencia». «El Ministerio de Fomento habría tenido un papel relevante en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión, no solo en este Ministerio sino también en los contratos efectuados por el Ministerio del Interior», apunta.
«En base a los elementos objetivos que se tienen a día de hoy», añade el informe, «las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento, constituyen un eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión».
Cabe recordar que, en su querella, la Fiscalía Anticorrupción sitúa al empresario Juan Carlos Cueto como la «persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto», aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.
