La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria lanzó advertencias claras a ADIF por la forma en la que la empresa pública reorganizó la supervisión de las vías y la seguridad de la circulación. El organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, expresó su preocupación desde comienzos de 2025 ante una estructura interna que, a su juicio, rebajaba el peso técnico y jerárquico de un área clave para prevenir colisiones y descarrilamientos en la red ferroviaria.
Según ha publicado The Objective, el supervisor exigió explicaciones formales a ADIF por haber encajado la seguridad de la circulación en un ámbito que no consideraba adecuado. La agencia advirtió de que esta decisión suponía un “condicionamiento grave” para la autorización de seguridad ferroviaria, imprescindible para que el gestor de la infraestructura pudiera seguir operando con normalidad.
El origen del malestar se sitúa en la decisión adoptada a principios de año por ADIF de desmantelar la Dirección General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos. Tras ese movimiento, la supervisión de la circulación y de las vías quedó dispersa entre varios departamentos, como Mantenimiento o el Gabinete de Presidencia, lo que generó dudas en el regulador sobre la solidez del control interno. Meses después, en octubre, la empresa optó por integrar definitivamente esta competencia en el área de comunicación, un paso que reforzó las reticencias de la agencia estatal.
La preocupación del supervisor no se limita al organigrama, sino también al rango y a la capacitación técnica del área que asumió la supervisión de las vías. La Dirección de Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales es la única de la cúpula de ADIF que no tiene categoría de Dirección General y está dirigida por el periodista Salvador Almenar. Ante este escenario, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria instó a la empresa pública a presentar un análisis de riesgos que justificara el cambio organizativo, un documento que todavía no se ha entregado.
Pese a estas advertencias, la agencia permitió a ADIF continuar explotando los más de 15.000 kilómetros de red ferroviaria, aunque bajo condiciones estrictas. La autorización de seguridad resulta imprescindible para que los operadores que prestan servicio a diario, como Renfe, Iryo u Ouigo, puedan circular. Durante estos meses, el supervisor ha mantenido esa autorización sujeta a la obligación de que ADIF explique de forma detallada cómo garantiza la correcta supervisión de las vías tras la reordenación interna.
La presión regulatoria se ve reforzada por el marco normativo de la Unión Europea, que impone estándares muy exigentes en materia de seguridad ferroviaria y fiscaliza con detalle cualquier modificación estructural o nombramiento. En el sector reconocen que la supervisión de las vías y de la circulación genera problemas internos y una elevada exposición, lo que explica que no sea una competencia especialmente deseada dentro de las direcciones generales. Su relevancia se ha acentuado tras el accidente registrado el pasado domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba.
Dentro de ADIF existe, además, un creciente malestar por la gestión del mantenimiento de la red, responsabilidad de la Dirección General de Operaciones y Explotación, dirigida por Raúl Míguez, estrecho colaborador de la expresidenta de la empresa pública, Isabel Pardo de Vera. Las investigaciones apuntan a que el siniestro pudo estar relacionado con una rotura de la vía, un extremo que, según fuentes del sector, se vincula a deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura.
A este contexto se suma la ausencia pública del presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña, tras el accidente. Mientras han comparecido el presidente de Iryo, Carlos Bertomeu; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia; y el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ofreció explicaciones junto a altos cargos de Renfe y de ADIF, el máximo responsable del gestor de la infraestructura no ha realizado declaraciones.
En paralelo, la asociación Liberum ha presentado una denuncia ante el juzgado de Montoro, en Córdoba, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y vulneración de los derechos de los trabajadores. La acción judicial se dirige contra el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Pedro Lekuona; el director corporativo de Seguridad en la Circulación de ADIF, David Gómez Rey; y el subdirector de Circulación de Alta Velocidad de ADIF, Francisco Martín.
