El Gobierno de Salvador Illa, respaldado por la formación separatista ERC, ha iniciado la legislatura con el mayor número de consejeros en una autonomía de toda España. Sin embargo, un análisis de los últimos 20 años en Cataluña muestra una tendencia preocupante: un aumento drástico en el gasto público (y político) y una acumulación de deuda que supera ampliamente el promedio nacional.
En los últimos cuatro años, el gasto en Cataluña ha crecido un 13%, superando en 2% el aumento registrado a nivel nacional bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Este incremento se suma a una tendencia de las dos últimas décadas, donde los distintos gobiernos separatistas han elevado el gasto en casi un 50%, incrementando la deuda pública en 17 puntos porcentuales más que la media nacional, que ha subido un 32%. En la actualidad, el Gobierno de Illa tiene que gestionar una deuda total que supera los 53.000 millones de euros, según adelanta el diario Libremercado.
El enfoque económico del nuevo presidente de la Generalidad no parece orientado a cambiar drásticamente la situación. Su Gobierno muestra un perfil continuista con la agenda del separatismo. La distribución de consejerías clave, como la de Empresa y Trabajo, entregada a Miquel Samper (exmiembro de Junts), y la de Cultura, a cargo de Sonia Hernández Almodóvar, junto con la Consejería de Política Lingüística en manos de ERC, indican que el nuevo ejecutivo sigue alineado con la agenda secesionista.
Uno de los objetivos principales de este Gobierno es mantener la alta presión fiscal, que actualmente tiene la mayor carga tributaria de España, con los tramos más elevados en IRPF y Sociedades, además de un amplio número de impuestos autonómicos. El programa de Illa incluye también la paralización de infraestructuras clave, como la expansión del aeropuerto de Barcelona, y el proyecto estrella pactado con ERC: la cesión total de la «recaudación, gestión y liquidación» de los impuestos a la Generalidad. Esta medida, que desafía la Constitución, podría tener graves consecuencias no sólo para Cataluña, sino también para el resto de España, afectando la equidad y solidaridad entre territorios y poniendo en riesgo la estabilidad de las empresas aún presentes en la región.
El resultado de estas políticas parece seguir una línea que podría continuar expulsando empresas de Cataluña, una tendencia que ya ha visto la salida de cerca de 9.000 desde 2017.
