La Audiencia de Madrid considera que la esposa de Pedro Sánchez se aprovechó «de su proximidad al presidente del Gobierno para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias (…) a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole», según se detalla en un auto adelantado por The Objective. Con esta resolución, los magistrados respaldan la instrucción del juez Juan Carlos Peinado y descartan que el procedimiento penal deba limitarse exclusivamente a los hechos inicialmente denunciados, como había solicitado la defensa de Begoña Gómez.
El tribunal sostiene que la investigación puede y debe ampliarse si en el curso de la instrucción surgen elementos que así lo requieran. Recuerda, además, que la figura del investigado se mantiene durante toda la fase instructora, cuyo objetivo es practicar diligencias que permitan esclarecer si existen indicios sólidos de conducta delictiva.
Entre los elementos analizados figura la relación de Begoña Gómez con la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía en la Universidad Complutense y que fue cancelada el pasado mes de septiembre. Los jueces subrayan que esa cátedra habría servido como plataforma desde la que se impulsaron diversas actuaciones de carácter presuntamente irregular, vinculadas al entorno empresarial de Juan Carlos Barrabés, colaborador estrecho de Gómez y responsable del máster que ella dirigía.
El auto judicial destaca que Barrabés fue incorporado como profesor asociado a la cátedra por su cercanía a Gómez, y que ella firmó cartas de recomendación en favor del empresario para concursos convocados por Red.es, dependiente del Gobierno. Esta línea de investigación, relacionada con tres adjudicaciones por valor de 10,6 millones de euros entre marzo y agosto de 2021, fue asumida por la Fiscalía Europea. A pesar de que la Guardia Civil señaló que la empresa de Barrabés obtuvo la mayor puntuación en los procesos, los magistrados consideran que los vínculos personales y profesionales justifican seguir investigando posibles delitos.
Según el tribunal, las compañías vinculadas a Barrabés —como Innova Next y Barrabés Ski Montaña— habrían recibido en total más de 22 millones de euros en contratos públicos entre 2017 y 2024, coincidiendo prácticamente con el mandato de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. El auto recalca que, además de su trayectoria inicial en el comercio electrónico de productos para esquí, el empresario dio un salto al sector tecnológico con una «exitosa actividad de desarrollo de nuevas tecnologías» que generó importantes beneficios.
En cuanto a la ayuda estatal de 475 millones de euros otorgada a Air Europa durante la pandemia, los jueces han decidido excluirla del caso por entender que no encaja en el objeto actual de la investigación. La petición del juez Peinado de recabar información sobre ese rescate a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido estimada solo de forma parcial. No obstante, la Audiencia deja la puerta abierta a retomar esa línea si en el futuro se detectan indicios nuevos y verosímiles de comportamiento delictivo.
En paralelo, el tribunal ha resuelto también otros recursos de apelación interpuestos por distintas partes implicadas en el proceso. Ha acordado levantar la condición de investigados al exconsejero madrileño José Manuel Güemes y al rector de la Complutense, Joaquín Goyache. Sin embargo, mantiene a Begoña Gómez como investigada y considera legítima la actuación del juez Peinado, quien a lo largo de los últimos meses ha ido ampliando diligencias en función de la documentación recopilada.
