El Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención en territorio nacional del vicecónsul español en Argel, Vicente Moreno, y de un colaborador de nacionalidad argelina, en el marco de una investigación sobre una presunta red de concesión irregular de visados. Según informa The Objective, la resolución, adoptada bajo la dirección de la magistrada María Tardón, sitúa a ambos como principales responsables de una estructura criminal organizada que habría operado desde el Consulado español en la capital argelina.
La operación, denominada Jazira-Cova y desarrollada con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ha contado con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. Según fuentes policiales, la red facilitaba visados a cambio de contraprestaciones económicas y canalizaba parte de los beneficios mediante operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a la adquisición de vehículos en España.
Los detenidos permanecen en dependencias policiales a la espera de su puesta a disposición judicial. En la causa figura además una tercera persona investigada, también vinculada al entorno consular, sin que hasta el momento se haya procedido a su detención. Durante los registros practicados en Sagunto y Torrevieja, los agentes intervinieron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y soportes digitales, así como solicitaron el bloqueo de bienes patrimoniales y productos financieros presuntamente relacionados con la actividad investigada.
El procedimiento incluye asimismo diligencias orientadas a la preservación de expedientes administrativos y comunicaciones internas relacionadas con la concesión de visados. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado haber sido informado de las detenciones y ha señalado que el caso está sujeto a una inspección interna en curso.
El Consulado General de España en Argel se encontraba ya bajo observación por posibles irregularidades administrativas detectadas en meses anteriores. Entre los indicios analizados figuran discrepancias en firmas de documentos oficiales y decisiones contradictorias en la tramitación de visados, lo que había generado cuestionamientos sobre la integridad de los procedimientos consulares.
En paralelo, se habían registrado quejas de actores económicos por restricciones en la expedición de visados laborales, en un contexto de tensiones administrativas y diplomáticas. La investigación judicial en curso pretende esclarecer el alcance de los hechos, determinar posibles responsabilidades penales y evaluar el impacto de las actuaciones en la gestión consular.
