El Tribunal de Cuentas ha detectado numerosas irregularidades en 16 contratos del Ministerio de Exteriores formalizados durante el año 2022, por un valor conjunto que supera los 18 millones de euros. Las anomalías afectan a procedimientos impulsados por la propia cartera de Asuntos Exteriores, por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y por el Instituto Cervantes.
Según el informe oficial de 236 páginas adelantado por The Objective, la mayoría de deficiencias se concentran en el ámbito de la cooperación internacional, donde se han identificado errores graves en la planificación, ausencia de análisis económicos y fallos en la fase de ejecución de los contratos.
Uno de los casos más llamativos tiene que ver con un contrato ligado a la República de Filipinas, cuya finalidad era materializar una subvención en especie destinada al proyecto «Subatra Justicia y Sociedad», cofinanciado por la Unión Europea y la Aecid. Sin embargo, el Tribunal concluye que no consta solicitud formal ni aceptación clara por parte del país receptor, y cuestiona la existencia del interés público necesario para justificar esa adjudicación.
Además, la autoridad que supuestamente aceptó la subvención —la denominada autoridad de transición de Bangsamoro— no acreditó tener poderes para comprometer legalmente a Filipinas. Este vacío documental fue considerado por el Tribunal como un indicio grave de falta de transparencia y rigor administrativo.
Otro contrato analizado, relacionado con la cobertura de seguros sanitarios y de accidentes para becarios y personal de programas de cooperación en el extranjero, evidencia deficiencias similares. No se aporta ninguna memoria económica que explique cómo se calculó el importe base de licitación, ni consta que se hubieran planificado adecuadamente los plazos, ya que el contrato expiró meses antes de firmarse el nuevo.
Más allá de estos casos concretos, el informe señala fallos estructurales en la contratación pública de este ministerio. En tres de los expedientes revisados, no se incluyó memoria económica o se incumplió lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) al no detallar el convenio colectivo aplicable ni el desglose de costes laborales por género y categoría profesional.
En otros dos contratos, el Tribunal detectó cálculos incorrectos del valor estimado, lo que puede afectar a la competencia y transparencia del procedimiento. A esto se suma la ausencia total de control sobre los procesos de subcontratación: no consta que el órgano adjudicador haya supervisado o solicitado información sobre empresas subcontratadas, ni que estas fueran comunicadas formalmente.
También se advierten irregularidades en los criterios utilizados para adjudicar los contratos. En cerca de un tercio de ellos, se hizo un uso indebido de la experiencia como criterio de selección, sin justificar que ello conllevara una mejora significativa del servicio. En un caso concreto, se estableció un umbral mínimo de puntuación en criterios subjetivos para pasar a la segunda fase del procedimiento, lo que podría haber vulnerado los principios de objetividad y libre concurrencia.
La fiscalización revela, además, una ejecución deficiente de los contratos: en numerosos casos no se realizó un seguimiento adecuado o este se limitó a aceptar facturas, sin comprobar si se cumplían las condiciones técnicas previstas. En dos expedientes, el nuevo contrato no estaba adjudicado cuando venció el anterior, y en otro no se ha documentado la formalización de la prórroga correspondiente.
