El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel ha ratificado las medidas cautelares solicitadas por Abogados Cristianos y ha paralizado el derribo de la cruz de Albarracín (Teruel) que pretendía ejecutar el Gobierno de Aragón (PP). La decisión judicial adelantada por OkDiario que permite frenar la demolición por ahora, supone una victoria provisional para quienes defienden la permanencia de este símbolo religioso erigido en lo alto de una peña, en plena sierra turolense.
Esta cruz de tres metros, que se levanta desde 1939 en un entorno natural de gran valor paisajístico, fue objeto de polémica cuando un informe del Departamento Provincial de Medioambiente en Teruel propuso su retirada. El documento, firmado por el técnico Emilio Pérez, alegaba «riesgos medioambientales» derivados de los daños estructurales sufridos por la cruz, especialmente tras un rayo que, según el informe, habría destrozado la parte superior del monumento.
El plan del Gobierno autonómico no contemplaba su restauración, sino su eliminación completa, incluido el pedestal, tal y como quedó recogido en el escrito remitido al Ayuntamiento de Bezas. Esta intención provocó una oleada de críticas desde distintos sectores de la sociedad, que consideraron la medida una actuación desproporcionada y contraria al respeto al patrimonio local.
La presión social y mediática llevó al consejero de Medioambiente, Manuel Blasco, a matizar la posición inicial del Ejecutivo autonómico. En una entrevista en Aragón Televisión, admitió que «lo razonable es que se arregle», abriendo así la puerta a una posible restauración en lugar de la demolición planteada inicialmente.
Además, desde su propio departamento se confirmó la disposición a conservar el monumento, en línea con proyectos como Aragón con Alma, impulsado por la Dirección General de Turismo, que busca revalorizar enclaves de relevancia espiritual y cultural para la identidad aragonesa.
La solicitud de medidas cautelarísimas presentada por Abogados Cristianos se basó en la consideración de que la retirada de la cruz supondría «un perjuicio irreparable», no sólo desde el punto de vista del patrimonio, sino también del simbolismo religioso. La jueza dio la razón de forma provisional a esta petición, suspendiendo cualquier actuación sobre el monumento. El Ayuntamiento todavía puede presentar un recurso en los próximos quince días.
