Los exministros del anterior Ejecutivo que no mantienen otro cargo institucional, como por ejemplo ser diputado, tienen la opción de acogerse a la indemnización contemplada para altos cargos que abandona la administración, tasada en un 80% de su salario y siempre que no tengan otra actividad remunerada.
Los ministros que no prosiguen en el Ejecutivo ni tampoco en la Cámara Baja, y que a priori tienen esa posibilidad, son Alberto Garzón (Consumo), Irene Montero (Igualdad), Joan Subirats (Universidades) o Pilar Llop (Justicia).
El sueldo de Irene Montero como ministra era de 79.415,16 euros, lo que arroja una cantidad de más de 63.500 euros en caso de acogerse a esta prestación.
El periodo para solicitar dicha indemnización, que también se extiende a los secretarios de Estado, se abrió una vez formalizado el cese en el Boletín Oficial del Estado.
Por ejemplo, los exsecretarios de Estado Ángela Rodríguez ‘Pam’ y Nacho Álvarez también tendrían abierta esa posibilidad, aunque el segundo ya manifestó cuando dejó sus cargos en Podemos y renunció a la opción de ser ministro que iba a volver a su puesto de profesor universitario.
Anteriormente, exministros como Arancha González Laya, Isabel Celaá y Pedro Duque solicitaron en el pasado esta prestación. El exvicepresidente Pablo Iglesias también se acogió a ella.
