La Fiscalía de Navarra ha decidido archivar la denuncia presentada por Ramón Alzórriz, portavoz del PSOE de Navarra, contra VOX. El socialista acudió el pasado 2 de octubre al Palacio de Justicia en Pamplona, junto a la parlamentaria Ainhoa Unzu y Ángel Moleón, con el objetivo de acusar a VOX de un presunto delito de odio por una moción presentada en el Parlamento de Navarra. La moción, que hacía referencia a la inmigración ilegal y la relacionaba con el aumento de delitos violentos en la región, fue rechazada por la Mesa del Parlamento. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no había base para abrir un caso contra la formación política, según ha avanzado el diario Navarra.com.
El contenido de la moción de VOX incluía varias peticiones, como rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal, solicitar la expulsión inmediata de los inmigrantes en situación irregular, y cerrar el centro de acogida de inmigrantes de Marcilla. También instaba a no apoyar a las ONG que colaboren con el tráfico de personas. Aunque esta propuesta fue fuertemente criticada por algunos partidos, la Fiscalía determinó que no constituía delito.
Los partidos PSOE, EH Bildu, Geroa Bai, y Contigo Navarra se unieron para bloquear la tramitación de la moción, calificándola de xenófoba. Mientras tanto, UPN, PPN y VOX señalaron que impedir el debate de la propuesta restringía los derechos de los grupos políticos dentro del Parlamento.
A pesar de que la denuncia fue archivada hace una semana, el PSOE no ha hecho pública la decisión de la Fiscalía, lo que ha generado críticas. Por su parte, VOX ha presentado un recurso contra la Mesa del Parlamento, que inicialmente había rechazado reconsiderar su decisión de no tramitar la iniciativa. El partido argumenta que la medida es arbitraria y que afecta el ejercicio legítimo de sus funciones parlamentarias.
VOX sostiene que el contenido de su propuesta refleja su postura habitual sobre la inmigración y que no hay nada en ella que sea novedoso o ilegal. La formación también criticó al gobierno de María Chivite por lo que consideran una estrategia para limitar el debate sobre temas clave como la inmigración.