Las memorias anuales de la Fiscalía han desvelado que Marruecos y Argelia siguen poniendo trabas a España para la devolución de sus nacionales, incluso en los casos en que no tienen antecedentes penales. Este bloqueo, según el informe del Año Judicial 2024 presentado ayer viernes, está complicando notablemente la ejecución de las órdenes de expulsión dictadas contra inmigrantes con condenas de cárcel.
El pasado año se tramitaron 4.656 solicitudes de expulsión de extranjeros con sentencia firme, lo que supone un aumento de 512 respecto a 2023. Sin embargo, la propia Fiscalía advierte que el incremento de peticiones no se traduce en expulsiones efectivas debido a la falta de colaboración de consulados y autoridades de terceros países, entre ellos de forma destacada los de Rabat y Argel.
Los problemas no se limitan a delincuentes condenados. También se constatan obstáculos para repatriar a ciudadanos sin delitos pendientes, lo que ha llevado a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reduzcan la solicitud de internamientos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), al no poder garantizar que la expulsión se materialice en plazo.
La consecuencia es que muchas órdenes de internamiento terminan quedando sin efecto. En 2024, los fiscales emitieron 2.428 informes favorables al ingreso en CIE, una cifra inferior a la de 2023 (2.726). De los 1.893 inmigrantes finalmente internados, únicamente 1.037 fueron deportados, lo que representa un 54,7% de eficacia. El resto, 862 personas, fueron liberadas al expirar el plazo legal sin que se lograra la documentación necesaria, quedando normalmente en paradero desconocido.
La Memoria señala también que la interposición de solicitudes de asilo y protección internacional por parte de los internos retrasa o paraliza los procesos, lo que obliga en muchos casos a suspender el internamiento. A ello se suman los retrasos judiciales, que dificultan aún más la ejecución de las expulsiones.
Actualmente España mantiene en funcionamiento seis CIE repartidos por Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras y Las Palmas de Gran Canaria. Pese a estos recursos, la Fiscalía advierte de que las dificultades diplomáticas, jurídicas y logísticas impiden que la mayoría de las órdenes de expulsión se hagan efectivas, lo que permite que cientos de extranjeros con orden de salida queden en libertad dentro del territorio nacional.
