La Generalidad de Cataluña ha lanzado a través del Departamento de Cultura el concurso de recursos lingüísticos para acreditar (con pruebas de todos los niveles) el catalán de sus funcionarios. El importe de la licitación es de 74.690 euros con IVA incluido y para una ejecución en cuatro meses.
La Secretaria de Política Lingüística tiene encomendada la función de expeditar certificados de conocimiento de lengua catalana, dentro de las políticas del Gobierno regional para extender el uso del catalán (y acorralar y perseguir el español).
En este marco se incluye también la normativa que exige a los comercios rotular en catalán bajo la amenaza de sanciones, los reglamentos municipales que fuerzan a los funcionarios a hablar en catalán o el interés del Ejecutivo separatista en que el catalán forme parte de las lenguas de la UE.
El pasado mes de marzo el Gobierno llevó esta exigencia a los Veintisiete. Los socios siguen reclamando informes que aclaren cuál sería el coste del cambio de las reglas para el catalán, el gallego y el euskera, pero también cuál sería su encaje jurídico para evitar un «efecto dominó» con otras lenguas regionales en la UE.
En diciembre, la Comisión Europea calculó el coste en unos 132 millones, según una «estimación preliminar» basada en la experiencia con otras lenguas, si bien los servicios comunitarios avisaron de que no podrían ofrecer datos precisos hasta conocer en detalle el «régimen transicional» que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez para desplegar primero el catalán y más tarde las otras dos lenguas cooficiales.
