«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
por su papel en la compra de material sanitario a empresas ligadas a Víctor de Aldama

La Guardia Civil analiza nuevos mensajes que implican a Armengol y Torres en la trama Koldo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

La Guardia Civil ha puesto la lupa sobre las comunicaciones de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres con la trama Koldo. La Unidad Central Operativa (UCO) investiga nuevos mensajes que afectan tanto a la presidenta del Congreso como al actual ministro de Política Territorial por su papel en la compra de material sanitario a empresas ligadas a Víctor de Aldama durante la pandemia.

Según avanzó La Razón, los agentes analizan la gestión de los gobiernos balear y canario en las contrataciones de emergencia tras recuperar la competencia sobre estos contratos en la Audiencia Nacional, órgano que instruye el caso desde 2023.

Fuentes de la investigación consultadas señalan que la UCO prevé entregar sus oficios próximamente en la Audiencia Nacional. En el caso de Armengol, se descarta por ahora la comisión de un ilícito penal, ya que las contrataciones las habrían tramitado subordinados. También se descarta, de momento, que la socialista se enriqueciera ilícitamente, según información publicada por The Objective.

No obstante, los investigadores sí consideran relevantes las comunicaciones que acreditan los vínculos de ambos dirigentes con la red investigada por presunta organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos.

En su reciente comparecencia ante la comisión del caso Koldo en el Senado, Armengol admitió haberse reunido en 2020 con Víctor de Aldama, rectificando su primera declaración en la que lo había negado categóricamente. También reconoció que no recordaba haber hablado con Koldo García sobre mascarillas, pese a que obran en el sumario varios mensajes entre ambos.

El 17 de agosto de 2020, Koldo le escribió: “Buenos días perdona que te moleste, no sé si estás de vacaciones o no pero si puedes llámame por favor. gracias. O dime cuando te puedo llamar”. La entonces presidenta balear respondió que tenía el día “ocupado” pero que intentaría devolverle la llamada al mediodía. Horas después, le facilitó el contacto de su consejera de Salud, Patricia Gómez. Koldo cerró la conversación con un: “Vale cariño, te tengo informada de todo”.

A raíz de esas gestiones, el Servicio de Salud balear adjudicó dos contratos a Eurofins Megalabs, también vinculada a Aldama, por 1,12 millones para pruebas diagnósticas. La UCO subraya que esto ocurrió pese a que el primer lote de mascarillas comprado a la trama por 3,7 millones resultó defectuoso.

La UCO ya había advertido en 2022 que las mascarillas se entregaron antes de formalizarse el contrato con Soluciones de Gestión, sin justificación documental de las condiciones acordadas. La factura presentada incluía una ficha técnica que aseguraba que las mascarillas cumplían los estándares FFP2, pero dos meses después el Centro Nacional de Medios de Protección concluyó que no los cumplían.

Pese a ello, Armengol avaló públicamente la compra afirmando que el proveedor había suministrado “de manera exitosa”.

En Canarias, la UCO señala cuatro contratos del Servicio Canario de Salud por 12,31 millones, también adjudicados a la trama. Según los investigadores, el ejecutivo de Torres habría elaborado el contrato “ad hoc” para dar apariencia de legalidad. También en este caso parte del material resultó defectuoso y no consta documentación que justifique la operación.

Además, Víctor de Aldama acusó a Koldo de pedirle 50.000 euros para agradecerle a Torres la adjudicación. “Le dije que no era el Banco de España”, declaró el empresario. Aldama también relató que alquiló pisos en Madrid que habrían sido utilizados por Torres, Koldo y Ábalos “con señoritas”. Torres ha negado estas acusaciones, pero el sumario recoge mensajes suyos con Koldo para cerrar la compra de mascarillas.

Aunque los contratos fueron remitidos inicialmente a la Fiscalía Europea por su financiación con fondos comunitarios, el Tribunal Supremo resolvió que la Audiencia Nacional debía seguir con las pesquisas. El juez Ismael Moreno ordenó así rastrear a fondo los contratos con los gobiernos de Armengol y Torres. En caso de encontrar indicios de delito en Torres, por su condición de aforado, la causa pasaría al Supremo.

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