La Guardia Civil ha solicitado a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que ordene el bloqueo de las cuentas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural en la causa abierta por sedición a sus dirigentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, así como al jefe de los Mossos.
En el atestado remitido la semana pasada a la juez, que además del asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre recoge hechos del 1-O, el instituto armado reclama que se haga un mandamiento a la Asociación Española de Banca, Confederación Española de Cajas de Ahorros y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito en relación a esas dos entidades independentistas.
Pide en concreto que se les reclame «de forma directa» que faciliten «todas las informaciones y datos que obren en sus archivos bancarios o sociedades de su corporación o vinculados de algún modo en relación con ANC y Òmnium Cultural».
De este modo, la Guardia Civil quiere recabar toda la información de cuentas bancarias, préstamos o créditos, tarjetas, cheques, transferencias relacionadas con esas entidades e identificar a los titulares y autorizados en esas operaciones bancarias.
En cuanto a las transferencias, pide también que se identifique la cuenta de origen y destino y el titular de las mismas, en virtud a la normativa sobre el blanqueo de capitales.
También quiere conocer «los movimientos existentes desde a fecha de apertura hasta la fecha de recepción del mandamiento».
El ‘comité estratégico’
En este atestado, la Guardia Civil sitúa a los líderes de estas entidades en lo que denomina «comité estratégico» para la declaración de la secesión que estaría también Integrado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras.
De hecho, el informe policial considera que Sánchez y Cuixart están «en una posición decisoria similar» a la que ostenta la cúpula del Gobierno catalán, mientras el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, sería el brazo ejecutor del plan separatista.
Por ello, además de estas peticiones con respecto a ANC y Òmnium, la Guardia Civil pide que se acuerden las diligencias necesarias para identificar a los agentes de los Mossos d’Esquadra que participaron en las actuaciones» que reflejan la inacción de los Mossos para impedir la votación del 1-O.
También solicita información sobre el número de colegios que se encontraron abiertos el 1-O, cuántos se clausuraron por los Mossos y «la razones suscintas por las cuales no se precintaron el resto».
«Se identificarán plenamente los agentes encargados de dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los distintos dispositivos que se hubiesen establecido para dar cumplimiento a lo ordenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña» para impedir la celebración del referéndum ilegal.
Además, la Guardia Civil pide las actas y atestados relacionados con el referéndum «identificando tanto a los autores o responsables como el material intervenido».
Por último, requiere información de «todas las operaciones de activación y despliegue de más recursos de seguridad ciudadana y control de masas, mediación y peticiones de colaboración de policías locales llevadas a cabo para evitar el referéndum», especialmente el 1-O.
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