En los últimos años ha habido sospechas crecientes de espionaje por parte de la multinacional tecnológica Huawei en favor del régimen comunista chino. Huelga decir que, en un país como China, nada se hace sin el visto bueno del Partido y nadie opera –mucho menos prospera– sin asumir como propios los intereses de la dictadura. En el caso de Huawei, su supeditación al régimen está implícita en la Ley de Ciberseguridad de la República Popular China, en vigor desde 2017.
La compañía tecnológica conspiró al menos para sortear los embargos internacionales a Irán y transferir al régimen de los ayatolás tecnología de comunicaciones prohibida, razón por la que en diciembre de 2018 fue detenida en Vancouver la vicepresidenta de Huawei e hija de su fundador, Meng Wanzhou. A esta siguió, en enero de 2019, la detención en Polonia de un directivo de la multinacional y de un funcionario polaco de los servicios de seguridad estatales, acusados de espionaje contra la República.
En consecuencia, el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Huawei en su lista de entidades restringidas, arguyendo que la compañía «consciente y voluntariamente ha exportado, reexportado, vendido y suministrado directa e indirectamente bienes, tecnología y servicios de EEUU a Irán», y que en consecuencia «hay razón suficiente para pensar que Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) se ha involucrado en determinadas actividades contrarias a la seguridad nacional».
La sospecha de que Pekín pudiera explotar la tecnología 5G de Huawei para espiar a los usuarios empujó a EEUU a prohibir a operadores norteamericanos emplear dispositivos y componentes de la multinacional china. Washington advirtió además a sus aliados de que sus servicios de inteligencia no compartirían información sensible con ningún país que tenga en sus redes de telecomunicaciones componentes de Huawei.
Así las cosas, el régimen chino inició una desesperada ofensiva a través de intermediarios, lobistas y relaciones públicas para intentar que Europa no siga los pasos de EEUU. No sorprende encontrar que, en España, el reconocido valedor de dictaduras y satrapías José Luis Rodríguez Zapatero, es uno de sus aliados. El expresidente del Gobierno medió para intentar que Telefónica levantase su veto a Huawei, después de que esta y otras teleoperadoras excluyeran a la multinacional china del «core» más sensible de su red, a fin de proteger la información de los usuarios. El expresidente presionó a través de Javier de Paz, miembro del PSOE y colocado como presidente de la Comisión de Regulación y Asuntos Internacionales de Telefónica en 2021, una maniobra de la compañía para captar fondos de recuperación del Gobierno de Pedro Sánchez.
Zapatero, sin embargo, no estuvo solo en estas presiones. Le acompañó su exministro y exportavoz, Pepiño Blanco, fundador de Acento, una consultora que da cabida a expolíticos del PSOE y del PP (su máximo administrador es Alfonso Alonso, expresidente de los populares vascos). En agosto de 2020, trascendió que Blanco había enviado cartas a distintas empresas del Ibex en las que presumía de su interlocución directa con ministros socialistas, en concreto José Luis Ábalos (ya defenestrado) y Reyes Maroto (hoy candidata a la alcaldía de Madrid).
La relación de Blanco y de Acento con Pedro Sánchez y su núcleo duro es estrechísima. La consultora tiene presencia oficiosa en La Moncloa desde que Antonio Hernando, también fundador, fuese repescado por Sánchez en octubre de 2021 para servir como director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Hasta entonces, Hernando había servido como director general de Acento.
La influencia de la consultora sobre la Presidencia ya incomoda a altos cargos y técnicos del Gobierno, que confiesan estar obligados a recibir en los despachos ministeriales a los clientes de Acento porque vienen directamente de Moncloa. Y uno de sus clientes más antiguos, si no el primero, es precisamente Huawei, que paga desde 2020 para que la consultora interceda en su favor.
En octubre de ese año, Pedro Sánchez apoyó públicamente a la multinacional china, para sorpresa general, cuando en la XXXI Cumbre Hispano-Portuguesa declaró: ·Antes de que termine este año, el 75% del territorio español va a tener acceso a la tecnología 5G. Y lo estamos haciendo con distintas empresas, como Huawei. Vamos a seguir apostando por estas tecnologías». El presidente del Gobierno indicó así que, lejos de vetarlo, el gigante tecnológico estaría de hecho presente en la red de telecomunicaciones española.
A un mes terminar el año 2022, trascendió que el Centro Nacional de Inteligencia, a través del Centro Criptológico Nacional, había otorgado certificado de seguridad a siete productos de hardware y software de Huawei. El pasado fue uno de los años con más solicitudes de la multinacional china certificadas como seguras por el CCN: el 28% del total de las certificaciones otorgadas por este órgano fueron para Huawei.
Acento también tratar de inclinar la opinión del legislador europeo en favor de la multinacional china. No en vano, Pepiño Blanco fue eurodiputado durante la legislatura 2014-2019, justo antes de fundar Acento. En el registro de transparencia de la Comisión Europea, Acento Public Affairs aparece inscrita desde el 22 de octubre de 2020; su ficha fue actualizada por última vez el pasado 25 de enero y en ella consta como representante legal Esteban González Guitart, hijo de Esteban González Pons, eurodiputado desde hace casi un decenio y vicepresidente del Partido Popular Europeo.
Sorprende constatar el entusiasmo con que González Pons defiende la entrada de Huawei en la red 5G europea, palpable en su artículo de opinión de febrero de 2020, La revancha de la historia: ¿es Europa una colonia digital? Mientras el eurodiputado atribuye a los EEUU intereses ocultos y poco edificantes, es al régimen totalitario y represor al que da el beneficio de la duda, y declara, tajante: «En ningún caso es aceptable la presión que está ejerciendo EEUU contra la UE para que vetemos, como ha hecho Trump, la participación de Huawei en el desarrollo de las infraestructuras de 5G. Tengo la sospecha de que detrás de esas amenazas no hay tanta preocupación por la seguridad como miedo a perder en favor de China y quizá de Europa la ventaja competitiva que ahora ostentan sus empresas en la economía digital. Hoy por hoy, sin Huawei no hay 5G posible en Europa y no sé si debemos permitirnos el retraso que conllevaría semejante veto. No podemos quedarnos fuera de la carrera solo para beneficiar a EEUU».
El argumentario de González Pons en favor de Huawei, como hemos visto, pasa por vilipendiar a nuestro más importante, tradicional y natural aliado (en EEUU habían cometido el pecado imperdonable, recordemos, de elegir Presidente a Donald Trump), al presentar como espurias sus motivaciones y hacer de menos su inquietud ante el hecho de que China se involucre en un ámbito tan sensible para Occidente como su red 5G. El argumentario es familiar: también en 2020 Pepiño Blanco se expresaba en Twitter –si bien con la parquedad característica de la red social– en términos muy similares a los del eurodiputado popular: «No es posible ceder ante las presiones de Trump y excluir a Huawei de la red de 5G, cuando se ha demostrado que su tecnología es la más puntera, lo que supondrá un problema para la competitividad de las empresas y su desarrollo».
Blanco, ya sabemos, cobra para defender a Huawei. González Pons, por otro lado, manifiesta públicamente su simpatía por el régimen chino desde 2017, cuando viajó al país asiático en el marco de una visita realizada por la Presidencia del Grupo PPE, durante la que se entrevistó con miembros de la dictadura y del Partido Comunista. Entonces, el eurodiputado español sentenció que «la colaboración entre China y la UE es imprescindible para la estabilidad global», y animó a reforzar las relaciones con aquel país.
Su mano tendida al totalitarismo chino, que quizá pudiera justificarse por pragmática realpolitik, contrasta con su acoso canino a Hungría y Polonia, cuyos gobiernos electos González Pons ha confesado quiere «ayudar a cambiar» desde Bruselas. Y eso que ni Hungría ni Polonia representan amenaza alguna para la soberanía española, mientras que China mantiene en nuestro país hasta nueve comisarías parapoliciales clandestinas (la concentración más alta en Europa), que operan en suelo español para vigilar y extorsionar a ciudadanos chinos expatriados.
Los tentáculos de Pekín son alargados y para cualquiera que preste mínima atención está claro que mueven peones sobre el tablero. Está en juego la independencia de Occidente.
