El 28 de febrero de 2012, José Antonio Griñán —entonces presidente de la Junta de Andalucía— condecoró a Inmaculada Montalbán. La magistrada, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue entonces condecorada con la Medalla de Andalucía por el presidente socialista. Once años y medio después, Montalbán —ahora vicepresidenta del Tribunal Constitucional— es la encargada de redactar la ponencia sobre los recursos de amparo promovidos por los condenados en el caso ERE, entre ellos, el recurso del propio Griñán.
Esta sentencia, preparada por la magistrada condecorada por Griñán, podría anular la condena dictada por la Audiencia de Sevilla y confirmada por el Tribunal Supremo contra los exdirigentes del PSOE andaluz. También fue premiada por el entonces viceconsejero de Presidencia de la Junta, Antonio Lozano, y hoy posible beneficiado de la redacción del recurso de Montalbán.
La condecoración de 2012 se produjo «a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de febrero de 2012». Fue el propio Griñán quien firmó el decreto y presidió la ceremonia de entrega de la condecoración a la jueza que fue la primera mujer andaluza en ocupar un asiento como vocal en el CGPJ, a propuesta del PSOE. El galardón por parte del gobierno socialista le llenó de alegría: «Esta Medalla me hará trabajar más por una mejor calidad democrática de nuestra sociedad y para responder a mi gente, que son los andaluces, que seguiré caminando por esta senda».
Sin embargo, estos reconocimientos de las administraciones socialistas le pueden impedir la redacción de la sentencia. Aunque haber recibido un galardón de un exdirigente político no está entre los supuestos que contempla la ley como motivo de abstención o recusación para un juez, numerosas fuentes jurídicas han manifestado que sí podría serlo debido al deber de preservar la apariencia de imparcialidad que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En este sentido, la magistrada del Constitucional Concepción Espejel —nombrada a propuesta del PP— fue recusada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y apartada del juicio del caso Gürtel por su vinculación con María Dolores de Cospedal. Precisamente Espejel había recibido de manos de la entonces secretaria general del PP un premio, en un acto en el que la exministra de Defensa se refirió a la magistrada como «Concha», y que intuyó indicios de amistad.
