La diputada nacional de VOX por Cádiz, Blanca Armario, y el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Chiclana, Manuel Vela, han anunciado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido admitir a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por su formación contra la ordenanza municipal que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la localidad gaditana, una normativa que consideran perjudicial para vecinos y sectores económicos clave.
Desde la formación aseguran que su objetivo es frenar la implantación de esta medida al entender que limitará la movilidad y afectará negativamente al comercio, la hostelería y la actividad turística. Armario defendió que la propuesta responde a planteamientos ideológicos vinculados a políticas climáticas europeas y acusó tanto al Partido Popular como al PSOE de facilitar su aplicación en numerosos ayuntamientos.
VOX sostiene que la creación de estas zonas restringidas puede generar desigualdad social, ya que obligaría a muchas familias a renovar sus vehículos pese a no poder asumir el coste de modelos eléctricos o menos contaminantes. A su juicio, estas medidas terminan castigando especialmente a autónomos y ciudadanos con menos recursos económicos.
El partido también ha recordado que existen resoluciones judiciales en distintos territorios españoles que han tumbado regulaciones similares, algo que, en su opinión, evidencia una tendencia jurídica contraria a este tipo de ordenanzas municipales. Consideran que estos precedentes refuerzan su estrategia legal en Chiclana.
Por su parte, Manuel Vela detalló algunas de las críticas técnicas que plantean al texto aprobado por el equipo de gobierno local. Entre ellas, denunció que los estudios previos se apoyan en apenas dos jornadas de análisis del tráfico realizadas en mayo de 2022, con datos que califican de insuficientes y desactualizados. Además, reprochan la ausencia de mediciones recientes sobre contaminación acústica y la falta de un plan alternativo de circulación que reduzca el impacto de las restricciones.
Según VOX, la normativa podría afectar aproximadamente al 28% del parque móvil de la ciudad, más de 18.000 vehículos, sin que exista un servicio de transporte público urbano adaptado a la nueva situación. También alertan de que la medida podría tener un componente recaudatorio debido al régimen sancionador previsto cuando entre en funcionamiento.
Finalmente, la formación argumenta que la baja densidad de población en el centro urbano de Chiclana no justificaría, a su juicio, la aplicación de una Zona de Bajas Emisiones, y critica que la ordenanza haya salido adelante gracias a la mayoría absoluta del actual gobierno municipal.
