El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha paralizado la obra de la EDAR Norte de Málaga tras estimar un recurso presentado por la Asociación de Vecinos de la Vega de Mestanza.
El origen de este litigio se remonta a noviembre de 2022, cuando los residentes de la Vega de Mestanza y Lomas de Cantarranas recurrieron ante los tribunales argumentando irregularidades en el proceso de tramitación del proyecto.
En sus alegaciones, denunciaron que la ubicación elegida para la depuradora se encuentra en una zona inundable, que el estudio de impacto ambiental era insuficiente y que la Junta de Andalucía no tenía competencias exclusivas para aprobar la actuación.
Si bien el TSJA desestima parte de esas objeciones —como la supuesta invasión de competencias estatales o la vulneración del Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum)—, sí da la razón a los recurrentes en lo relativo al déficit de análisis ambiental sobre las distintas ubicaciones contempladas. El fallo judicial reprocha a la administración autonómica haber priorizado exclusivamente factores económicos en la elección del emplazamiento, sin haber profundizado en los efectos ecológicos alternativos.
En su sentencia, el tribunal señala que el terreno elegido, situado en la Vega de Mestanza, fue declarado punto estratégico del Corredor Biológico Mundial y designado como el «kilómetro cero» del Sur de Europa dentro de esa iniciativa global. Aunque el carácter no vinculante de dicha declaración pueda discutirse jurídicamente, el TSJA subraya que su valor ecológico no puede ser ignorado ni despreciado al momento de tomar decisiones con alto impacto territorial.
El fallo recoge literalmente que la opción seleccionada se impuso por «ser la más barata», tanto en costes de colectores como en indemnizaciones por expropiaciones. Sin embargo, critica duramente que se descartaran otras alternativas más respetuosas con el medio sin haber realizado un examen riguroso sobre su impacto ambiental. Esta falta de equilibrio entre los criterios económicos y los ecológicos ha resultado determinante para anular el anteproyecto.
La reacción de la Junta de Andalucía no se ha hecho esperar. Aunque ha anunciado que estudiará con detenimiento el contenido del fallo y no descarta presentar recurso.
