El Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que comparezca el próximo 12 de febrero en un acto de conciliación solicitado por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Esta citación es resultado de una demanda presentada por el empresario, quien acusa al jefe del Ejecutivo de injurias y calumnias tras referirse a él como un «delincuente confeso».
Aunque Sánchez no está obligado a acudir personalmente, el empresario ha advertido que, si el presidente no envía a un representante, procederá a interponer una querella formal contra él por los mismos motivos. La demanda incluye una reclamación de 100.000 euros como indemnización por los daños causados a su honor.
Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando Sánchez, tras un Consejo Europeo en Bruselas, declaró que el «jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo». Estas palabras se produjeron en defensa del trabajo de la Fiscalía General del Estado tras conocerse la imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
Además de Sánchez, González Amador también ha dirigido una demanda contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que reclama 50.000 euros. En sus declaraciones, Bolaños aseguró: «Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad».
González Amador sostiene que las declaraciones del presidente y del ministro vulneran sus derechos fundamentales, ya que, según alega, no ha sido condenado por ningún delito. Asimismo, exige una retractación pública por parte de ambos.
El empresario está siendo investigado por dos posibles delitos fiscales, relacionados con la inclusión de facturas falsas en la contabilidad de sus empresas. Durante la pandemia, fue señalado por supuestamente haberse enriquecido a través de contratos de mascarillas, algo que Sánchez enfatizó al afirmar que González Amador «ha defraudado a Hacienda y se ha lucrado con las mascarillas durante la pandemia».
La resolución del acto de conciliación será clave para determinar si estas demandas derivan en un proceso judicial más amplio. Mientras tanto, el entorno de la presidenta madrileña defiende la inocencia del empresario y critica lo que considera una estrategia política para desprestigiar a Ayuso a través de su pareja.
