Un grupo de ciudadanos venezolanos que residen en España ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno español, acusándolo de cometer delitos de lesa humanidad, tortura y contra la integridad moral, tal como se establece en los artículos 607 bis y 174 a 177 del Código Penal. El magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, será el encargado de evaluar la querella y decidir si procede su admisión a trámite, según ha adelantado el diario El Debate.
El abogado que representa a los denunciantes, Ricardo E. Miracle, ha declarado que esta acción judicial es pionera al haber sido impulsada directamente por «personas físicas», sin la intervención de intermediarios. Los querellantes son, según Miracle, individuos que han sufrido «torturas y amenazas» por parte del régimen de Nicolás Maduro y que han tenido que abandonar Venezuela, buscando refugio fuera del país. Ellos consideran que Zapatero ha desempeñado un papel clave en «lavar la imagen» del gobierno bolivariano y lo señalan como «cómplice» de los crímenes perpetrados contra el pueblo venezolano.
La denuncia describe que, aunque Zapatero se presentó en 2014 como un mediador entre el gobierno venezolano y la oposición, ha actuado en realidad como un lobista en favor del régimen de Maduro en el ámbito internacional. Esta visión ha sido confirmada, según la querella, por declaraciones recientes del ex presidente español Felipe González y otras fuentes del gobierno español, quienes han dejado entrever que Zapatero operaba de manera individual y no en representación oficial de España.
El documento también destaca que Zapatero ha sido fotografiado en varias ocasiones junto a Nicolás Maduro, mostrándose visiblemente complacido en su compañía. El texto recuerda que el mandatario venezolano ha sido señalado por las autoridades de Estados Unidos como el líder del llamado «Cartel de los Soles», una organización criminal vinculada al tráfico de drogas.
Desde un punto de vista legal, la Audiencia Nacional tiene competencia para investigar los actos de Zapatero en Venezuela, amparándose en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga jurisdicción a los tribunales españoles para juzgar delitos cometidos fuera de España cuando los responsables son ciudadanos españoles.
