La Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del «sólo sí es sí», le ha salido rana a la ministra de Igualdad, Irene Montero. La norma, aprobada por la puerta de atrás el pasado agosto en sesión extraordinaria del Congreso, buscaba acabar con la distinción entre agresión y abuso sexual so pretexto proteger más a las mujeres. Hoy, permite que violadores condenados puedan salir a la calle gracias al principio básico en Derecho penal de aplicar la norma más favorable al reo, incluso de forma retroactiva. Los gobernantes comunistas, lejos de reconocer el error incurrido en su intento por criminalizar al hombre, han arremetido contra una supuesta mala praxis de los ejecutores, es decir; contra los jueces. Pero, ¿cómo se ha llegado a esta infame legislación? ¿Cuál sería la fórmula legal idónea para proteger a las mujeres de los abusos y agresiones sexuales, así como de las violaciones grupales, cada vez más numerosas en España desde la subida al poder del Ejecutivo socialcomunista?
Tras un año de tramitación parlamentaria, el texto impulsado por la cartera de Igualdad vio finalmente la luz el pasado 7 de octubre. «Reconocemos todas las agresiones como violencias machistas», apuntaló la ministra a las puertas del Congreso, colocando así la última piedra de una pirámide penal donde las agresiones hacia las personas mayores, entre parejas homosexuales, o de la mujer hacia el hombre son castigadas con menor crudeza que un mero abuso sexual —ahora, considerado también agresión— por el mero hecho de que sea un hombre quien lo cometa y la mujer, el sujeto violado.
El coladero de un fanatismo ideológico
A pesar de que, según datos del Ministerio del pasado 10 de noviembre, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas ha disminuido ligeramente durante los últimos años, la pretensión criminalizadora del hombre del ala comunista del Ejecutivo se ha impuesto. Un leitmotiv de la nueva Ley es que «sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona». A sensu contrario, salvo que no haya una expresión clara de voluntad para llevar a cabo un acto sexual, el acto denunciado podrá ser calificado como delito. En definitiva, la norma elimina la distinción entre agresión y abuso sexual.
La mujer maltratada o violada pasa a recibir un trato preferencial, por delante incluso de otras mujeres: dispone de una ayuda económica equivalente a seis meses de subsidio por desempleo o del acceso prioritario al parque público de vivienda. En el caso de una inmigrante ilegal, no hace falta una condena para que se paralice su expediente de expulsión, bastaría con presentar una denuncia contra un hombre para permanecer en territorio español.
Salvaguardando la gravedad de las circunstancias descritas, el verdadero escollo de esta reforma atenta contra el espíritu real de la norma, proteger a la mujer. Así fue advertido por los juristas y por el Consejo General del Poder Judicial desde el inicio de su tramitación: la Ley del «sólo sí es sí» facilita a los violadores en prisión la rebaja de sus penas o incluso su salida de la cárcel.
Así, como el nuevo marco legal rebaja la horquilla de la pena del delito de violación, el castigo puede disminuir para casos en los que el Alto Tribunal estime que, atendiendo a las circunstancias del caso y personales, el castigo deba acercarse «al mínimo legal». Véase el ejemplo de los miembros de La Manada, quienes, al verse minorado en un año su condena, podrían salir antes de la cárcel.
De igual forma se hace extensivo a los casos de abuso sexual. Este delito, eliminado del Código Penal por el Ejecutivo y sus socios de Podemos, se refería a cuando, sin violencia e intimidación, y sin que medie consentimiento, se atente contra la libertad sexual de otra persona; y quedó integrado en el de agresión. Pues bien, en adelante, no se tendrá en cuenta si la víctima no se defendió, ni si los agresores emplearon violencia. De hecho, este miércoles, dos agresores en Baleares han sido puestos de forma inmediata en libertad tras ser revisados sus casos y valorar el Tribunal que su pena no podía exceder de dos años, viéndose disminuída y, en consecuencia, saliendo de la cárcel.
La reacción de la izquierda a su propia incompetencia legislativa no se ha hecho esperar. Mientras el presidente del Gobierno aguarda a que los tribunales fijen un criterio sobre las rebajas de las penas, otros como el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, se ha atrevido a calificar a los jueces de «machistas» porque, según él, buscan «montar, junto a los poderes mediáticos reaccionarios, una campaña nauseabunda contra los avances feministas». El fanatismo ideológico de la izquierda ha logrado volcar al diferencial en su intento por dilapidar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en España.
¿Qué sucede con las demás víctimas de violencia?
La nueva legislación no se enfrenta a otro tipo de violencia, como el de las madres contra sus hijos, sean niños o niñas. Por ejemplo, desde 2007, 26 mujeres, frente a 24 hombres, han sido condenadas por sentencia firme por el asesinato de sus hijos, según datos del Registro Central de Medidas de Protección Integral contra la Violencia Doméstica y de Género hasta mayo del presente 2022, publicados por Europa Press. Además, con independencia del sexo del agresor, desde que Irene Montero subió al poder, los secuestos parentales se han disparado en España. Tan sólo tres meses después de la ‘transparencia’ de datos, el Ministerio de Interior reconoció que en 2021 se abrieron hasta 434 diligencias policiales tras la denuncia por la sustracción de un menor, si bien dos años antes se situaron en 369. Además, sólo entre enero y octubre del presente año las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han comunicado hasta 283 casos.
Frente a la sola criminalización del hombre, otras formaciones del Parlamento como VOX proponen la elevación de las penas para los delitos importados, estos son; las violaciones grupales o la pornografía infantil. Asimismo, el partido de Santiago Abascal aboga por la cadena perpetua efectiva para los crímenes más graves. Se trata de una solución muy diferente a la Ley del ‘sólo sí es sí’ que ha logrado lo contrario a lo que pretendía: proteger a las mujeres.
