Más de 11.000 inmigrantes ilegales regularizarán su situación cada año en Canarias hasta 2027 gracias a la reciente reforma de la Ley de Extranjería. Este cambio legislativo, aprobado por el Consejo de Ministros, busca simplificar trámites administrativos y favorecer la integración laboral de quienes se encuentran en situación irregular, no solo en Canarias, sino en todo el país.
El núcleo de esta reforma se centra en las figuras de arraigo, mecanismos que permiten a las personas extranjeras obtener permisos de residencia y trabajo en España. En Canarias, la mayoría de las regularizaciones se realizan a través del arraigo familiar, que en 2022 benefició a 4.319 de los 7.764 solicitantes. Sin embargo, el arraigo social también desempeñó un papel importante, con 2.780 solicitudes, seguido por el arraigo laboral (363 casos) y el arraigo formativo (312 personas).
Con la reforma, la Ley de Extranjería amplía y flexibiliza las vías de regularización. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estas modificaciones aportan «mayor seguridad jurídica y garantías para los migrantes, además de alinear la normativa española con la legislación europea».
La nueva normativa incorpora un arraigo de segunda oportunidad, diseñado para evitar que personas que han trabajado legalmente en España caigan en una situación de irregularidad por perder su empleo. Este tipo de arraigo se ofrece a quienes han perdido su permiso por razones económicas, pero excluye a aquellos cuyo estatus se haya revocado por motivos relacionados con el orden público, la salud pública o la seguridad.
Además, el arraigo formativo, introducido en 2022, se flexibiliza aún más para abarcar un mayor número de casos. Esta modalidad permite que personas que llevan más de dos años en España puedan regularizar su situación mientras acceden a programas de formación.
En cuanto a los requisitos, el arraigo sociolaboral exige demostrar empleo con contratos que, en conjunto, alcancen al menos el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por su parte, el arraigo social requiere contar con vínculos con residentes extranjeros en situación regular y demostrar medios económicos suficientes para su sostenimiento.
Aunque el arraigo familiar ha sido tradicionalmente la vía más común para regularizar a inmigrantes ilegales, su alcance se ha reducido con los cambios introducidos.
