Mientras el Gobierno multiplica los mensajes, campañas y consignas sobre igualdad, la protección real de las mujeres que sufren violencia se resquebraja en el nivel más básico del Estado. Las comisarías funcionan con medios insuficientes, sistemas informáticos defectuosos y plantillas desbordadas. El resultado es un modelo que presume de feminismo, pero que falla justo donde debería responder con eficacia.
Laura, agente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, describe una situación límite. Esta unidad, especializada en la investigación y protección de víctimas de violencia de género, doméstica y sexual, opera con recursos claramente insuficientes. «En mi unidad somos cuatro personas. Es un sitio pequeño y, aun así, no damos abasto. En Madrid es peor. Hay dos personas encargadas de 150 o 160 víctimas. Así, tu trabajo nunca va a estar bien hecho», explica en conversación con El Debate.
Pese a las advertencias reiteradas, el Gobierno mantiene el mismo catálogo de personal desde antes de 2008. Una decisión que, según los propios agentes, impide ofrecer una protección adecuada. «No nos hacen caso. El cupo está lleno y solo somos cuatro. Cada una lleva unas 60 víctimas, y no me puedo quejar, porque en otras unidades la situación es mucho peor», denuncia Laura.
Este colapso afecta directamente a las mujeres que dependen de estas unidades. «La protección que se vende no es real. Hay medidas como la orden de alejamiento, sí. Pero si una persona realmente quiere matarla, va a seguir matándola», advierte la agente, que subraya la distancia entre el relato político y la realidad operativa.
A este déficit humano se suman los problemas del sistema VioGén 2. A mediados de diciembre de 2024, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció la implantación de la versión renovada del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género, con nuevas funcionalidades, mejoras en la evaluación del riesgo y un protocolo unificado.
La experiencia diaria de los agentes ofrece una imagen muy distinta. «Es una aplicación externa, que no forma parte de las herramientas policiales habituales. Depende de la Secretaría de Estado y quienes la desarrollaron no son policías«, explican fuentes de la UFAM.
Los problemas de acceso son constantes. «Hay caídas continuas y muchas veces directamente no nos deja entrar. Puedes empezar a trabajar a las 8:00 y no conseguir acceso hasta las 12:00″, relatan.
Mientras el Ejecutivo del presidente Pedro Sánchez mantiene intacta su retórica feminista, las unidades policiales trabajan al límite y las víctimas quedan expuestas. Una realidad que desmonta el discurso oficial y evidencia que, más allá de la propaganda, la protección efectiva de las mujeres no ocupa el lugar prioritario que el Gobierno proclama.
