La Policía de Vitoria ha reconocido que en la ciudad existe un problema grave con las bandas juveniles. El Grupo de Menores del cuerpo reconoció el lunes en un encuentro con familias que han sido víctimas de la violencia de estos grupos, que no cuentan con los recursos suficientes y que la legislación actual no sirve para frenar el problema.
Los agentes tienen constancia de al menos cuatro de estas bandas que se mueven por toda la ciudad, y advierten de que algunos de sus integrantes son menores de 14 años por lo que son inimputables.
El pánico se ha extendido entre las familias de Vitoria, sobre todo después que cada semana se incrementen los robos y agresiones a menores en algunos barrios de la ciudad como Santa Lucía, Ibailakua, Arriaga o Salburua, entre otros.
La preocupación es tal que los padres y madres de los colegios Calasanz y Ángel Ganivet, la asociación de vecinos Erreka-txiki y el club deportivo Irubat presentaron una denuncia conjunta en la Ertzaintza por la situación de inseguridad que fue recogida por El Correo.
En respuesta, el Ayuntamiento ha intensificado las labores de vigilancia de las que ha aportado detalles una unidad de la comisaría de Aguirrelanda en el colegio Calasanz.
«Los autores están controlados e identificados», trasladaron los agentes a la veintena de familias que acudieron al encuentro, a la vez que reconocieron que «el fenómeno de las bandas ha llegado a toda la ciudad y está empeorando».
En el citado encuentro también se escucharon los testimonios de muchas familias cuyos hijos han sido víctimas de la violencia de las bandas. «A mi hijo hace días le hicieron cortes en las falanges de los dedos de la mano, y no es el único al que le ha pasado», trasladó una madre. «Al mío le rompieron la nariz«, confesó otra.
Los agentes insistieron en la necesidad de alertar al instante para, después, presentar una denuncia. «Si sólo denuncia una persona, ese caso no tendrá mucho recorrido. Pero si llegan varias es ahí donde sí que se consigue solucionarlo«, incidieron. El temor que trasladaron las familias se debe a las posibles consecuencias. «¿El agresor tendría los datos de mi hijo?«. Ante la respuesta afirmativa, algunos declinaron dar ese paso.
Los padres se encuentran tan desesperados que algunos, cuenta el citado diario, han optado por geolocalizar a sus hijos a través de sus teléfonos móviles. También han creado grupos de WhatsApp a través del AMPA para avisarse entre familias en caso de que alguien necesite ayuda.
