La Policía Nacional ha llevado a cabo la expulsión de 20 ciudadanos extranjeros considerados de alta peligrosidad y con un extenso historial de más de 200 detenciones policiales acumuladas. Los individuos, implicados en delitos graves y multirreincidentes, operaban en distintas regiones del país, especialmente en Cataluña.
La operación fue organizada por la Unidad Central de Repatriaciones (UCR), en coordinación con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona. La UCR comunicó la disponibilidad de un vuelo especialmente fletado para estas expulsiones, lo que dio inicio a un intenso operativo policial y judicial. Este implicó la localización, liberación de causas pendientes, documentación y detención de los sujetos, en un marco de tiempo limitado, ya que la fecha de despegue del avión era inamovible.
El proceso requirió una meticulosa coordinación entre distintos organismos. Además de los trámites judiciales necesarios para gestionar las causas abiertas en diversos juzgados, se trabajó con los consulados de los países de origen para completar la documentación que hiciera efectiva la orden de expulsión. Este nivel de organización garantizó que los procedimientos legales y administrativos se llevaran a cabo dentro del tiempo estipulado.
En el operativo participaron 38 agentes y 16 vehículos policiales, con efectivos provenientes de distintas unidades, como la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona, el Puesto Fronterizo del Aeropuerto de El Prat, la Comisaría Local de Cornellá de Llobregat y la 2ª Unidad de Intervención Policial (UIP). La operación comenzó en el complejo policial de Zona Franca (Barcelona), desde donde los detenidos fueron trasladados a Madrid. En el Aeropuerto de Barajas, se entregó a los ciudadanos extranjeros a la UCR para completar su repatriación.
La «multirreincidencia», definida como un problema prioritario por los cuerpos policiales, ha sido el foco de esta intervención. Estos ciudadanos, según fuentes policiales, han convertido la delincuencia en su modo de vida, representando una amenaza para la seguridad y libertad de la sociedad.
Con esta operación, la Policía Nacional reafirma su compromiso con el mantenimiento del orden y la lucha contra la criminalidad reiterada, subrayando la importancia de las colaboraciones internacionales y el cumplimiento riguroso de las normativas legales para garantizar la seguridad en el territorio español.