La Policía ha informado al juez Juan Carlos Peinado de que todavía no dispone de los pasaportes de Begoña Gómez, ni de su asistente, Cristina Álvarez. Según el oficio policial, ambas se remitieron a sus abogados y, hasta la fecha, no ha llegado ninguna respuesta formal al requerimiento judicial.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid había solicitado a la Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados del Cuerpo Nacional de Policía que detallara «las gestiones realizadas y la respuesta obtenida» sobre la entrega de los documentos de viaje expedidos a nombre de las investigadas. La respuesta, sin embargo, se limita a confirmar que el pasado 7 de noviembre se trasladó la petición y que «de tal requerimiento se daría traslado a su defensa jurídica», sin novedades posteriores por parte del magistrado Peinado.
El magistrado ha incorporado este informe a la causa junto con nueva documentación aportada por la empresa tecnológica Indra en relación con el desarrollo del software del máster codirigido por Gómez. La multinacional asegura que «no existe ningún acta levantada» por sus empleados sobre el contenido de las reuniones mantenidas durante el diseño de la plataforma digital , un extremo que refuerza las dudas sobre los trabajos realizados.
Tampoco constan, según Indra, documentos elaborados por otras empresas o por representantes de la Universidad Complutense de Madrid, institución que cifra en 113.509 euros el coste total del desarrollo del programa informático, incluyendo los gastos de personal. En informes previos, la UCM había estimado un desembolso de 108.765 euros, al que se suman los costes laborales.
En octubre, la Universidad Complutense manifestó su «interés en la defensa de sus intereses» y en el ejercicio de acciones civiles si del procedimiento instruido por el juez Peinado «resultare responsabilidad penal y civil», especialmente en lo relativo a un posible delito de apropiación indebida del software.
