La titular de Educación deja a Religión sin influencia en el expediente académico, prioriza la pública por delante de la concertada y acusa a la educación diferenciada de atentar contra la educación inclusiva.
Después de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, presentara su propuesta de política educativa, la organización ‘Escuelas Católicas’ ha expresado su «indignación y preocupación» al saber que la titular del ramo pretende retirar la Religión como materia computable.
Tras la comparecencia de Celaá en el Congreso para exponer las líneas políticas de su departamento, Escuelas Católicas ha afirmado en un comunicado que la ministra crea «preocupación y controversia en el ámbito educativo»: «Sorprenden estas declaraciones cuando la propia ministra, hace pocas semanas (…) ofreció diálogo y voluntad de alcanzar un Pacto Educativo estatal y, ahora, defiende planteamientos que atacan frontalmente a los principios de libertad de enseñanza y que generan división».
Respecto a la enseñanza concertada, sobre la que Celaá ha dicho que la preminente es la pública y que se modificará la «demanda social» que establecía la Lomce, Escuelas Católicas ha comentado que «causan inquietud y desaliento en un sector educativo que representa al 26 % del sistema educativo español».
Han subrayado que la Constitución defiende la libertad de enseñanza, la cual implica «la libertad de creación de centros» y «la libertad de las familias a elegir el tipo de centro conforme a sus convicciones y deseos para sus hijos».
Tampoco están contentos en el sindicato CSIF, desde donde se critica que la ministra anuncie medidas sin consensuar y se reclama el Pacto de Estado por la Educación.
CSIF ha exigido además a la ministra una reunión urgente con los sindicatos y que se retomen las conversaciones para alcanzar un Pacto de Estado.
Desde la Federación de Enseñanza de USO se denuncia que las propuestas de la ministra «retrotraen a los tiempos de la LOE» y «marginan la voluntad de las miles y miles de familias que eligen de manera voluntaria la asignatura de Religión» además de «poner cortapisas para que los conciertos educativos sigan asegurando la complementariedad de los modelos educativos».
«Las ideas del nuevo Ministerio suponen volver a enfrentamientos que considerábamos ya superados», ha lamentado FEUSO, que ha considerado que Celaá se ha limitado a «reutilizar viejas propuestas ideológicas muy controvertidas».
La propuesta socialista
Isabel Celaá ha anunciado este miércoles que la nota de la asignatura de Religión ya no contará en las calificaciones y ha anunciado una preminencia de la escuela pública sobre la concertada.
A la espera de comenzar a trabajar en una ley orgánica que sustituya a la Lomce -«derogarla sin más no se puede porque nos quedaríamos sin legislación y no sería razonable»-, la ministra ha defendido un modelo que no vulnere la igualdad de oportunidades: abrirá «un diálogo» con los centros concertados que segregan por sexo, es decir, separan a las niñas y los niños, sabiendo que el Tribunal Constitucional les avala pero a los que acusa de contravenir «los principios generales de la educación inclusiva».
Celaá ha asumido la escuela concertada como «complementaria» de la red pública, pero ha añadido: «la concertada puede estar o no estar, la que tiene que estar es la pública porque si no, el Estado no cumple con su obligación».
Ha afirmado que modificará el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es «por demanda social» pues cree que es «un eufemismo» que propicia en algunos casos que la concertada esté por delante de la pública.
Asimismo, ha criticado los «abusos» que se han cometido a veces para dar suelo público a la concertada; «no se pueden volver a repetir».
Sobre la Religión, seguirá siendo asignatura de oferta obligatoria para los centros pero voluntaria para el alumno y no tendrá efectos académicos ni una materia alternativa.
Se creará una obligatoria de Valores Cívicos y Éticos, centrada en los derechos humanos y virtudes cívico-democráticos.
Por otra parte, se reformarán tres artículos de la Lomce (122, 127 y 135) para «recuperar la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares de los centros públicos y concertados» y se modificará así la elección de los directivos de los centros.
También se derogarán los itinerarios de la Lomce a partir de los 13 años pues, según Celaá, «condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento».
Se suprimirán las reválidas -el anterior ministro las había paralizado-, volverán las evaluaciones diagnósticas, en concreto, en cuarto de Primaria y segundo de Secundaria, para planes de mejora de los centros, en colaboración con las comunidades.
Celaá impulsará un Programa de Cooperación Territorial en educación de 0 a 3 años para hacer esta etapa «asequible» a las familias.
Sobre becas, ha dicho que se sigue tramitando el decreto del anterior Gobierno para no afectar al alumnado pero que a partir de septiembre, a través del Observatorio de Becas, se revisará el modelo para hacerlo más justo.
Dardito de Celaá a su predecesor
La ministra anunció, además, que va a buscar en el Ministerio los informes encargados por su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo, sobre el presunto adoctrinamiento en los libros de texto.
«Desgraciadamente, no estaban encima de la mesa. No los conocemos, pero los vamos a buscar (…) A ver si los encontramos y los podemos analizar», ha dicho Celaá en la Comisión de Educación del Congreso, en contestación a la portavoz educativa de Ciudadanos, Marta Martín, que le había requerido el resultado de dichos informes.
La ministra ha asegurado que, tras el nombramiento de los nuevos directores generales del Ministerio, se van a poner a buscar dichos informes, pues no estaban «encima de la mesa». Fue hace casi un año cuando el Ministerio de Educación del anterior Gobierno del PP dijo que la Alta Inspección del Estado iba a comprobar si algunos libros de texto catalanes «vulneran la normativa vigente».
Después se concretó que se estaba preparando un informe sobre el contenido de los libros de texto de todas las comunidades autónomas para analizar especialmente la asignatura de Historia, con el objetivo de que su contenido tenga un marchamo de «calidad y verificación» de lo que se dice en ellos.
Poco después se explicó que dicho informe, sobre un muestreo de los libros, se había ampliado porque solo se aplicaba a la Educación Secundaria y también se ha querido llevarla a Primaria.
Asimismo, el anterior equipo ministerial sostuvo que se reuniría con las editoriales, al igual que ya se estaba colaborando con la Academia de Historia acerca de la asignatura sobre este tema.
