Camino de los 50 años, la Constitución Española (C.E.) ha sufrido a lo largo de todo este tiempo tan sólo tres reformas. Esta cifra es significativamente baja si la comparamos con las que han tenido lugar en otros Estados a lo largo de su historia.
La primera se realizó en el año 1992 debido a que la Unión Europea exigía adaptar la Carta Magna al recientemente aprobado Tratado de Maastricht. Su aprobación fue rápida e indolora y se hizo con el apoyo de todos los grupos parlamentarios presentes en el Congreso en aquel momento.
En el año 2011 llegó la segunda de las reformas, también impuesta desde las instituciones europeas, pero esta vez de una manera más indirecta. PSOE y PP pactaron la modificación del artículo 135, estableciendo en el texto el concepto de «estabilidad presupuestaria» y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible. La entrada en vigor de parte del artículo se demoró hasta el año 2020.
En este caso, la mencionada reforma fue aprobada por 316 votos, correspondientes a PSOE, PP y UPN, y cinco en contra de Coalición Canaria, UPyD y dos diputados del PSOE que se equivocaron al pulsar el botón. Los diputados de BNG, NaBai, ERC e ICV se ausentaron en el momento de la votación como gesto de protesta. Y los representantes de CiU, PNV e IU, pese a que se quedaron dentro del Hemiciclo, no votaron, para expresar también su rechazo a la reforma.
La tercera y última de las modificaciones que ha sufrido la C.E. tuvo lugar el jueves. En este caso, lo que teóricamente se reformaba era el artículo 49 del texto constitucional con el objetivo de eliminar el término «disminuido» y sustituirlo por el de «personas con discapacidad». Sin embargo, se ha intentado obviar la última frase del artículo, que ha quedado redactada de la siguiente manera: «Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».
Con la introducción de esa oración se consagra la desigualdad entre hombres y mujeres en la Constitución, algo que entra en contradicción con otros artículos, como es el caso del 14, que habla de la igualdad de todos los españoles sin hacer distinciones por sexo, raza, religión u orientación sexual.
Oposición de VOX
Este hecho ha sido sólo denunciado por VOX, que se ha opuesto a la reforma que han impulsado PP y PSOE y que ha sido apoyada por el resto de los partidos presentes en el Congreso de los Diputados.
La actuación de VOX le ha costado el ataque del resto de los partidos políticos y también de la mayoría de los medios de comunicación, que han tirado de trazo gordo y sensacionalismo para acusar a los de Santiago Abascal de oponerse a cambiar el término «disminuido«, pese a que desde la formación han explicado que sí están a favor de ese cambio.
La formación verde no sólo ha demostrado con palabras que está a favor de esta modificación, sino también con los hechos al abstenerse en la primera votación que tuvo lugar el martes, haciendo esto como un «gesto hacia las personas con discapacidad», tal y como han explicado en un comunicado.
Su negativa a apoyar la reforma en la votación final del jueves se debe tanto a la introducción de la ideología de género, al realizarse una mención específica a las mujeres que rompe el principio de igualdad entre españoles, como a la hipocresía que supone que el resto de partidos quieran proteger a las personas discapacitadas cuando, con los votos de esas mismas formaciones, han salido adelante leyes como la del aborto, que permite terminar con la vida de una persona discapacitada en el vientre materno, como la de eutanasia, que legaliza acabar con la vida de una persona discapacitada.
El otro motivo por el que la formación que lidera Santiago Abascal no ha apoyado la reforma es que supone para el Gobierno un «balón de oxígeno«, además de trasladar una imagen de normalidad y unidad con el principal partido de la oposición, pese a que estamos ante un Gobierno que ataca a la Constitución con leyes como la de amnistía.
