Un vídeo obtenido en exclusiva por LA GACETA a través de fuentes policiales ha puesto en el foco un grave incidente ocurrido el pasado mes de agosto de 2024 en el centro de menores de Hortaleza, en Madrid. Las imágenes muestran una reyerta de extrema violencia entre internos, en la que se utilizaron armas blancas, cuchillas de afeitar y piedras, dejando un saldo de varios heridos, incluido un menor con el rostro desfigurado por cortes profundos. Según las diligencias de la Policía Nacional a las que ha tenido acceso este medio, el episodio del 1 de agosto requirió la intervención de numerosos agentes para contener la situación, evidenciando una problemática que, según fuentes policiales, se ha agravado en los últimos meses.
El centro de Hortaleza, destinado a menores extranjeros no acompañados, alberga en su mayoría a jóvenes de origen subsahariano y magrebí. Sin embargo, fuentes policiales denuncian que muchos de estos internos no son menores de edad, a pesar de ser admitidos bajo la presunción de veracidad de sus testimonios. «Es evidente por su aspecto físico que no son menores, pero el sistema no está haciendo las comprobaciones necesarias», asegura una fuente policial a LA GACETA. Este hecho, según los agentes, contribuye a la escalada de tensiones dentro de las instalaciones, donde las peleas son casi diarias.
Cuchillas de afeitar como armas blancas improvisadas
La reyerta captada en el vídeo, descrita como una de las más graves registradas en el centro, dejó a un interno en estado crítico tras recibir múltiples cortes en la cara y el cuerpo. Los agresores emplearon cuchillas de afeitar y armas blancas improvisadas, además de lanzar piedras, en un enfrentamiento que se prolongó hasta la llegada de la Policía Nacional. El personal del centro, que intentó mediar, también ha sido víctima de la violencia: varios trabajadores han sufrido agresiones que han requerido atención médica y bajas laborales.
El incidente del 1 de agosto no es un caso aislado. Según las fuentes policiales, las agresiones entre internos y contra el personal son recurrentes, alimentadas por la falta de control sobre la edad real de los ingresados y las tensiones derivadas de su convivencia. «Se está poniendo en riesgo la seguridad de todos: los menores que sí lo son, el personal y la sociedad en general», advierte un agente con experiencia en la zona.
Laura García Horrubia, educadora social con experiencia en centros de menores, ha elevado su voz en un llamamiento televisivo recogido por Cuatro. La profesional, que actualmente está de baja tras sufrir intimidación por parte de un menor con el que trabajaba en el centro de menores de Hortaleza (Madrid), denuncia las condiciones de inseguridad en las que trabajan miles de educadores y vigilantes. «Nos vamos a la calle los que hemos denunciado», afirma, encabezando una protesta por mejores condiciones laborales. García Horrubia explica que sabe bien por lo que están atravesando sus compañeros, muchos de los cuales enfrentan peligros diarios. «Un interno me rompió la tibia y el peroné», relata, recordando un incidente grave que marcó su carrera.
La educadora asegura que sus denuncias no han llegado a ningún puerto y reclama medidas concretas: «Pedía ‘walkie-talkies’, la presencia de alguna persona en los pisos tutelados y, en definitiva, una mayor protección ante la inseguridad con la que trabajaban». Su testimonio subraya la necesidad urgente de reforzar la seguridad del personal, una demanda compartida por sus compañeros en Hortaleza y otros centros similares.
«Cualquier día ocurrirá una desgracia como en Badajoz»
Fuentes policiales han revelado a LA GACETA que la dirección del centro de Hortaleza ha obstaculizado en varias ocasiones investigaciones relacionadas con incidentes violentos. Según estas fuentes, muchos problemas se resuelven internamente y solo se avisa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando el escándalo es mayúsculo, lo que genera un gran ocultamiento que impide que numerosos sucesos sean investigados adecuadamente. «En no pocas ocasiones, hemos tenido que intervenir tarde porque no se nos notifica a tiempo», asegura un agente.
Por su parte, fuentes cercanas a la administración de la Comunidad de Madrid denuncian que existe una intención deliberada de ocultar lo que sucede en estos centros para evitar un coste político ante el descontrol que se vive en ellos. Aunque la gestión recae sobre el Gobierno autonómico, se tiende a «escurrir el bulto» para evitar problemas, señalando en ocasiones a la Fiscalía y al Gobierno central. Estas fuentes apuntan que el descontrol fronterizo existente en España es el origen de esta situación, permitiendo la llegada de inmigrantes conflictivos que terminan en centros como el de Hortaleza.
Los agentes que han acudido en múltiples ocasiones al centro debido a las frecuentes peleas advierten del riesgo inminente de una tragedia e inciden en el temor de las educadoras: «Cualquier día ocurrirá una desgracia como la acontecida en Badajoz». En dicho caso, al que hacen referencia, un menor extranjero no acompañado asesinó a una educadora, un suceso que marcó un antes y un después en el debate sobre la gestión de estos centros. Los policías insisten en que, para solucionar los problemas de los centros de menores, hay que empezar por aquellos como Hortaleza, donde la mayoría de los internos son inmigrantes «muy conflictivos». Además, denuncian que muchos de estos incidentes se ocultan para evitar señalamientos teóricamente racistas, lo que agrava aún más la situación.
Denuncia policial: un sistema desbordado
Las fuentes policiales, el personal del centro y educadoras como García Horrubia coinciden en que el problema trasciende el centro de Hortaleza y se repite en otros puntos de España donde se concentran menores extranjeros no acompañados. La falta de celeridad para verificar la edad de los internos, sumada a la saturación de los recursos y el ocultamiento de los incidentes, estaría detrás del aumento de episodios violentos. «No se trata de estigmatizar, sino de reconocer una realidad que se nos está yendo de las manos», explican los agentes.
La Comunidad de Madrid y las diferentes entidades autonómicas que gestionan este tipo de centros deben poner este problema sobre la mesa de forma urgente. «Si no se toman cartas en el asunto, habrá problemas muy graves», advierten los agentes, una advertencia que resuena con fuerza tras los testimonios del personal y las denuncias sobre la falta de transparencia en la gestión de estos centros.
El vídeo, que ha salido a la luz siete meses después del suceso, ha reavivado el debate sobre la gestión de los «menas» en España. Mientras el Gobierno central y las autoridades autonómicas recurren a la redistribución de estos menores a otras regiones para dispersar el problema, la situación en centros como el de Hortaleza sigue siendo un polvorín.
