La investigación del Tribunal Supremo sobre la presunta filtración de un correo confidencial que involucraba a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, ha puesto en el foco a Francesc Vallés, exsecretario de Estado de Comunicación, y a varios altos cargos vinculados al PSOE entre los que se encuentra Ion Antolín. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Vallés habría tenido un rol clave en la posible coordinación de la difusión de información reservada.
El correo electrónico, procedente de la defensa del empresario González Amador, incluía una admisión de dos delitos fiscales. Este documento fue enviado a los medios de comunicación antes de que Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE en Madrid, lo utilizara públicamente contra Díaz Ayuso durante una sesión de la Asamblea de Madrid. La UCO ha confirmado que el correo completo, con su contenido y formato original, no se había publicado en los medios hasta las 08.29 horas del 14 de marzo, cuando Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa, lo envió por WhatsApp a Lobato.
A las 09.05 horas, apenas 36 minutos después, la imagen del correo apareció publicada en un medio alineado con el Gobierno, El Plural. Esto sucedió tras un intercambio de mensajes en el que Sánchez Acera aseguraba a Lobato que el correo sería difundido antes de que él lo presentara en el debate parlamentario.
El informe también señala que, además de Sánchez Acera y Lobato, tuvieron conocimiento del contenido del correo otras figuras destacadas, como Ion Antolín, exjefe de prensa del PSOE; Laura Sánchez Espada, directora de comunicación del Ministerio de Vivienda; y Francesc Vallés, quien según la UCO podría haber ejercido un papel de «coordinación superior» en la estrategia de difusión.
La investigación, originalmente centrada en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha comenzado a apuntar directamente hacia Moncloa. El hecho de que Lobato haya protocolizado ante notario los mensajes de WhatsApp intercambiados con Sánchez Acera, en los que se alentaba a usar el contenido del correo contra Ayuso, ha reforzado esta línea de investigación.
El magistrado Ángel Hurtado, instructor del caso en el Tribunal Supremo, analizará el informe de la Guardia Civil que considera que Francesc Vallés podría aportar información clave sobre el origen de la filtración. Según el documento, «los mensajes hallados en los días 13 y 14 de marzo sugieren que Vallés podría haber tenido un papel central en la gestión de la información sobre la pareja de Díaz Ayuso».
Este caso, que ha escalado hasta los niveles más altos del Gobierno, plantea interrogantes sobre el posible uso de información confidencial con fines políticos, lo que podría constituir un delito de revelación de datos reservados.
