El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha reafirmado su compromiso con la imposición del catalán, impulsando un notable endurecimiento de las sanciones lingüísticas en el comercio. Durante 2023, la Agencia Catalana de Consumo aplicó 261 multas a pequeños negocios por no garantizar el uso del catalán en la atención al cliente o la rotulación, recaudando un total de 496.920 euros, lo que supone un aumento del 340% respecto al año anterior. Según Illa, estas medidas buscan «proteger los derechos lingüísticos de los catalanohablantes» y asegurar la presencia del idioma en todos los ámbitos de la esfera pública.
El aumento de las sanciones no es un hecho aislado, sino parte de un marco más amplio de políticas impulsadas por el gobierno para promover el uso del catalán en todos los ámbitos de la vida pública. Entre estas iniciativas destaca el plan ‘Comerços aprenents’, liderado por el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, que propone una campaña «puerta a puerta». A través de esta medida, profesores de catalán visitan establecimientos para capacitar al personal en la atención al cliente en esta lengua. «Es importante que haya un cambio cultural, que los errores lingüísticos no generen confusiones, como pedir un café con leche y recibir uno con hielo», señaló Vila en la presentación del proyecto.
El uso del catalán en el pequeño y mediano comercio, no obstante, ha mostrado un incremento significativo. Según un estudio reciente elaborado por Pimec, con apoyo de la Generalidad, el uso del catalán en estos negocios ha crecido un 17,2% desde 2012. Sectores con alta interacción con el público, como la hostelería y la restauración, lideran este cambio, alcanzando un uso del 54,5%. Sin embargo, en sectores industriales, donde la exposición al cliente es limitada, el catalán sigue siendo residual, representando sólo un 21,3%. A pesar de estas cifras, Pimec considera que el avance es insuficiente y ha lanzado campañas persuasivas para concienciar a los comerciantes sobre la importancia del idioma para el éxito de sus negocios.
En paralelo, algunas iniciativas han generado mayor controversia, como el buzón de denuncias lingüísticas implementado en localidades como Vic y Manresa. Este mecanismo permite a los ciudadanos señalar de forma anónima a los establecimientos que no utilicen el catalán en su cartelería o atención al cliente. Inspirada por la organización Òmnium Cultural, que alertó sobre el uso del castellano en más de 200 comercios en Manresa, esta medida busca reforzar el cumplimiento normativo, aunque ha sido duramente criticada por fomentar el señalamiento público y la división social.
El contexto en el que surgen estas políticas está relacionado con la llamada «emergencia lingüística«, un término utilizado por el separatismo catalán para describir la supuesta crisis en el uso del catalán, a pesar de que su conocimiento nunca había sido tan alto.
